La ocupación ilegal de al menos 125 hectáreas dentro del área natural protegida del ex lago de Texcoco, en la zona conocida como El Caracol, se ha consolidado entre 2025 y 2026, en un territorio que cuenta con decreto federal de protección ambiental desde 2022.
En el sitio se desarrollan trabajos de nivelación, apertura de vialidades y delimitación de lotes con maquinaria pesada valuada en más de 100 millones de pesos, mientras que ya se contabilizan al menos 200 construcciones y superficies listas para su comercialización.
El polígono forma parte del ex lago de Texcoco, una extensión de más de 14 mil hectáreas en el oriente del Valle de México que abarca municipios como Ecatepec, Texcoco, Atenco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Su ubicación lo coloca bajo presión urbana constante, rodeado por algunas de las demarcaciones más densamente pobladas del país.
Antecedentes de uso y abandono
La vulnerabilidad del terreno tiene raíces históricas. Durante la segunda mitad del siglo XX, el área fue utilizada por Industria Sosa Texcoco para la explotación de carbonato de sodio. Tras el cierre de operaciones, que se extendió hasta inicios de los años 2000, el terreno quedó bajo control federal, pero sin vigilancia permanente, lo que generó condiciones propicias para su ocupación.
Este tipo de procesos no es nuevo. Entre las décadas de 1990 y 2010, distintas zonas del ex lago de Texcoco fueron ocupadas bajo un mismo patrón: invasión inicial, lotificación irregular y consolidación de asentamientos, fenómeno que marcó la expansión urbana del oriente del Valle de México.
Un nuevo punto de presión surgió en 2018 con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que dejó miles de hectáreas bajo control federal sin uso inmediato. De acuerdo con la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, fue a partir de 2019 cuando comenzaron las primeras ocupaciones en El Caracol.
Entre 2020 y 2023 se documentaron intentos de ocupación y venta irregular de terrenos. En ese periodo, la Comisión Nacional del Agua reiteró que se trata de terrenos federales destinados a la regulación hídrica, por lo que no pueden ser vendidos ni utilizados para vivienda.
En 2022, el gobierno federal decretó el área como protegida. Sin embargo, lejos de contener el fenómeno, entre 2024 y 2026 la ocupación se aceleró y evolucionó hacia una fase de urbanización: trazado de calles, delimitación de lotes, presencia constante de maquinaria y construcción de viviendas.
A diferencia de ocupaciones anteriores, el caso actual incorpora un componente económico más evidente. La intervención con maquinaria de alto costo, la preparación de terrenos y la posible venta de predios sugieren la operación de un mercado irregular de suelo con capacidad de inversión, más allá de asentamientos espontáneos.
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Fragmentación institucional y falta de acción
Pese a la existencia de denuncias, la intervención enfrenta un entramado institucional fragmentado. Al tratarse de terrenos federales, la responsabilidad recae en la Comisión Nacional del Agua, mientras que el componente ambiental corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. A nivel local, autoridades estatales y municipales también tienen atribuciones en materia de seguridad y uso de suelo. Esta distribución de competencias ha derivado en una falta de acción inmediata que ha permitido el avance de la ocupación.
El fenómeno también se inscribe en dinámicas regionales. Entre 2023 y 2025, en San Salvador Atenco se han documentado denuncias por venta irregular de terrenos y control de predios, lo que aporta contexto sobre las formas en que puede operar la ocupación del suelo en la región.
La ubicación del polígono, en una franja donde convergen límites municipales y terrenos federales, ha contribuido a la ambigüedad en la intervención de autoridades desde el inicio de las ocupaciones en 2019.
El impacto ambiental se ha intensificado con el avance de la urbanización. La zona forma parte de un sistema de humedales que alberga flora y fauna del Valle de México, por lo que la modificación del suelo implica pérdida de hábitat y alteración de procesos ecológicos.
A ello se suma un riesgo estructural. El ex lago de Texcoco funciona como vaso regulador natural, y su ocupación reduce la capacidad de absorción de agua pluvial. En un municipio como Ecatepec, con antecedentes de inundaciones recurrentes, este tipo de intervenciones podría agravar los riesgos.
Experiencias previas en el Valle de México muestran que, una vez consolidados, estos asentamientos son difíciles de revertir. Entre 2019, cuando iniciaron las primeras ocupaciones, y 2026, cuando el proceso ya presenta rasgos de urbanización estructurada, el avance ha ocurrido en paralelo a advertencias, denuncias y un marco legal que, en teoría, impedía el cambio de uso de suelo.
El escenario que se perfila retoma un patrón conocido: si la ocupación se consolida, podría derivar en presiones para su regularización; si se intenta revertir, el conflicto social se vuelve probable; y si no se interviene, la expansión podría continuar sobre una de las zonas clave para el equilibrio ambiental del Valle de México.
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