El diputado Luis Miranda Nava recibió la noticia de que será investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en su casa de Ixtapan de la Sal. Se le imputan probables irregularidades en el manejo de recursos administrados por la Sedesol en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios.
La propia existencia de la casa en la que habita Luis Miranda Nava es motivo de cuestionamientos, pues la habría sido obtenida en el mismo periodo que la del expresidente Enrique Peña y otros políticos del Partido Revolucionario Institucional, gracias a acuerdos y relaciones con la familia San Román –caciques del municipio– y, más recientemente, con Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó en una conferencia virtual: “el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad […] No se persigue a nadie, pero si alguien apareciera en alguna investigación lo primero que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, y eso implica presentación de las denuncias y en su caso congelamiento de cuentas, si hay indicadores de lavado de dinero y continuar con esta política institucional”.
Reforma publicó, en junio de 2018, que –entre 2014 y 2017– empresas vinculadas a Miranda Nava, Eviel Pérez y sus familiares obtuvieron contratos de obra pública por 500 millones de pesos. Asimismo, el 24 de mayo de 2017, Polemón reportó los viajes, lujos y privilegios que los hijos de Miranda, Luis y Santiago, mostraban en sus redes sociales: fotos de viajes y selfis en los pasillos de Palacio Nacional con un personaje reconocido del deporte o primeras filas en conciertos con celebridades o ante el Papa Francisco.
En el mismo orden, en septiembre de 2016 Proceso reportó que “el operador más importante del presidente Enrique Peña Nieto, al grado de hacerle trabajos de política sucia […] está por construir una mansión en Sierra Ventana 300. El terreno correspondiente tiene un valor estimado de 55 millones de pesos. Es la esposa de Miranda y no él la que aparece en cada operación relacionada con la propiedad, cuya superficie alcanza los mil 693 metros cuadrados”.
El historial de Miranda es largo y cuestionable, incluso antes de su nombramiento como secretario de Desarrollo Social, en el 2000, como subsecretario de Asuntos Jurídicos estatal estuvo involucrado en el caso de los ejidatarios de San Salvador Atenco; además, fue investigado, en 2008, por defraudación fiscal en relación con los gastos hechos en su campaña electoral de 2006 para la alcaldía de Toluca y acusado por el decimoquinto regidor de Tlalnepantla, José Luis Cortés Trejo, de poseer bienes inmuebles a su nombre y al de su padre por un valor cercano a los 300 millones de pesos.
En el caso, el entonces procurador, Alfonso Navarrete Prida, desestimó las acusaciones y se valoró, incluso, ejercitar acción penal contra el regidor perredista Cortés Trejo por el delito de difamación en agravio de Montiel, de su esposa Maude Versini y de Luis Miranda Nava. En 2010, fue el responsable de la investigación de la muerte de Paulette Gebara Farah y en 2011 promovió el pacto con el gobierno de Felipe Calderón para la obstaculización de las alianzas entre el PRD y el PAN a cambio de la aprobación de la Ley de Ingresos.
Actualmente, Miranda goza del fuero que tienen los legisladores, la investigación bajo la que se encuentra se une a la de otras personalidades de la política que habrían participado en acciones ilícitas, es el caso de Rosario Robles, el recientemente fallecido Ruiz Esparza, Emilio Lozoya y el propio Enrique Peña.
Hasta el momento, ninguna declaración por parte de integrantes del Partido Revolucionario Institucional se ha hecho a favor del considerado operador de Peña Nieto.