Toluca, México; 5 de enero de 2018. Luego del arribo de la administración morenista, encabezada por Juan Rodolfo Sánchez Gómez, integrantes del departamento de análisis perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública denuncian atropellos y abusos por parte de las nuevas autoridades.
Melina Galindo Domínguez es licenciada en Criminología y servidora pública desde hace siete años; ella relató a AD la manera en la que el secretario particular de Roberto Valdés, titular de seguridad pública, le solicitó -a ella y a otras tres compañeras- su renuncia sin derecho a finiquito, a pesar de sus años de servicio.
Dicha medida fue aludida a la supuesta relación laboral con el Lic. Torres, ex jefe de seguridad pública del municipio de Toluca. Asegurando que el equipo formaba parte de la gente de confianza de la administración saliente: “es un señalamiento dirigido por haber trabajado con el comandante de la administración pasada”, de esta manera Melina definió la actitud de las nuevas autoridades.
El pasado tres de enero, Jesús Chavit, enlace administrativo de Dirección Pública, le solicitó su renuncia a las integrantes del área de análisis del C2. Luego de que las afectadas se negaran a firmar debido a que no fueron notificadas; se les indicó que no tendrían derecho a registrarse en las listas de asistencia, amenaza que fue cumplida el 4 de enero, al tiempo que Nancy García González, jefa del departamento de análisis, tuviera a bien cambiar las chapas de la oficina con la finalidad de que Melina y sus compañeras no entraran al espacio administrativo.
Ante lo suscitado, las afectadas se reunieron con Josué -de quien se desconoce el apellido- secretario particular del director de seguridad pública del municipio para esclarecer su situación laboral, mismo que les indicó que después de las siete de la noche del día 4 de enero podría atenderlas; dicha reunión se efectuó a las dos de la madrugada del 5 de enero, tras horas de espera, les indicaron que ellas ya no laboraban para el municipio, ya que estaban dadas de baja desde el día 31 de diciembre.
Esta situación causó conflicto entre las presentes debido a que desde el inicio de la administración se apegaron al plan de trabajo del gobierno morenista. Luego de la reunión en horario extraordinario, las afectadas denuncian que no han tenido oportunidad de sacar sus pertenencias, ya que las autoridades indicaron que deben vigilar que no se lleven mobiliario perteneciente al municipio. Aunque las afectadas hallan comprado -durante sus años de servicio- desde bolígrafos hasta un dispensador de agua, mismos que no se les serán reembolsados.
Melina afirma no haber tenido contacto con Juan Rodolfo Sánchez Gómez, presidente municipal, aunque el enlace administrativo y el secretario particular del responsable de seguridad pública lo señalan como el autor de estos despidos.
Las afectadas sólo piden un trato digno ante los años de servicio, incluso, han llegado a pensar que sus despidos son una cuestión de género, y “una cacería política” por parte de la administración entrante. Ahora resta esperar la respuesta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, aunque para Melina esto represente quedarse sin empleo.
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