Emilio N, padre de la expresidenta del DIF Toluca y suegro del alcalde Raymundo Martínez Carbajal, podría ser acusado de dos delitos graves: nepotismo y actos de corrupción. Lo anterior, si se comprueba que sustrajo la papelería oficial y que tenía alguna función al interior de la instancia municipal.
El abogado y académico Javier Martínez Cruz señaló que, si este personaje actuó bajo el amparo de la presidenta del DIF, sin duda se cometió nepotismo, pues aprovechando su relación familiar operó dentro de la instancia.
Respecto al robo de papelería, explicó que los materiales se pagan con recursos públicos y deben emplearse con esa finalidad.
“Si sustrajo para beneficio propio, no solo hubo un delito por actos de corrupción, sino también por perjuicio de las finanzas municipales”, indicó.
Cuál es la pena más alta por ese delito
El excomisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Edomex destacó que en el título cuarto de la Constitución se establece que todos los servidores públicos del ámbito federal, estatal o municipal deben apegarse a los principios de eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y economía de los recursos públicos.
Por lo que, al no cumplir estos principios, además de responsabilidades administrativas, el acusado podría ser acreedor a sanciones penales. Pues los hechos presuntamente cometidos se consideran delitos graves, que se castigan con cárcel.
“Hoy la ley establece que aquellos que sacan beneficio y dañan las finanzas públicas tendrán que reponer lo que se llevaron más dos tantos”, puntualizó.
Martínez Cruz recordó que la normativa actual aplica para quienes actúan como servidores públicos o en calidad de particulares.
Pese a que no estaba en la nómina, no se cuestiona si Emilio “N” ejerció una función, sino con qué facultades extrajo la papelería, cuestionó.
“Si pudo extraer estos recursos que son de la institución y que se pagaron con recursos públicos, claro que se tuvo que aprovechar o hizo un acto de corrupción sin tener ninguna facultad”, abundó.
El abogado dijo que las sanciones podrían ser de 2 a 8 años de cárcel. Sin embargo, aclaró que si actuó como servidor público, podrían sumarle más años a su condena.
Finalmente, agregó que la expresidenta del DIF, por el tema de nepotismo y por hacer uso de su cargo en beneficio propio, también podría asumir responsabilidades, aunque haya salido de la institución.