Por Hugo Rius*
El legendario reino de Tailandia despertó al 2014 inmerso en una turbulencia política protagonizada por partidos rivales que permitían vislumbrar el desenlace crónico de lo que ha sido su sino: el omnipresente poder de los militares.
La última de sus periódicas crisis de filiaciones tuvo sus orígenes precisamente en un golpe de estado en 2006, el décimo exitoso entre 18 intentos desde que se instauró la monarquía constitucional en 1932.
Contra el populista primer ministro Taskin Shinawatra, del mayoritario Partido Peu Tais, en aquella ocasión se cerró con las elecciones en 2011, y su retorno victorioso al Gobierno, esta vez con Shinawatra al frente, la hermana del derrocado mandatario en el exilio hasta los días que corren.
Dos meses antes de este 2014, el derrotado Partido Democrático (PD) encontró un buen motivo para soliviantar a sus seguidores en el intento de la bancada parlamentaria del Peu de adoptar una controversial ley de amnistía que propiciaba el regreso al país de Taskin.
Encausado en tribunales por presuntos actos de corrupción, se beneficiaría de un proyecto legislativo de amplio alcance que cubría con el perdón a responsables de ejercer violencia con fines políticos.
Aunque abortado por las réplicas suscitadas, se convirtió sin embargo en el detonante desencadenador de un movimiento de protestas para inmovilizar al gobierno y destituirlo, cuyo brazo ejecutor fue el denominado Comité de Reforma Democrática Popular (CRPD), subsidiario del PD, conducido por el ex diputado Suthep Thaugsuban.
Desde enero hasta mayo el país vivió bajo una ola de violencia política en la que perdieron la vida alrededor de 30 personas, atizada por el CRPD mediante marchas callejeras, bloqueos y ocupaciones de organismos estatales y levantamiento de campamentos en áreas de Bangkok, que pusieron al país al borde de una guerra civil.
Los pasos emprendidos por Shinawatra en pos de una salida constitucional a la crisis como la disolución del Parlamento y la convocatoria a comicios generales anticipados se vieron frustrados por una furiosa campaña de boicot opositora a la consulta, mediante bloqueos a colegios electorales, amenazas a integrantes de mesas y robos de urnas.
El intento de la gobernante de realizar una segunda vuelta para las circunscripciones en las que se impidió votar fracasó también al tiempo que ella era encausada por la Comisión Nacional Anticorrupción por negligencia en un programa de subsidios a cosecheros de arroz, oportunamente puesto de relieve.
Acorralada y obligada a dimitir, se avecinó inminente el golpe de estado que el cercano CRPD a las élites aristocráticas y la cúpula militar se había ocupado de incitar y propiciar.
La esperada asonada se concretó el 22 de mayo, liderada por el jefe del ejército, general Prayut Ochen-ocha, quien de inmediato reemplazó el estado de emergencia vigente por el toque de queda y la imposición de la ley de emergencia, que significó dejar sin efecto la Constitución y suspender los partidos políticos.
El autoritarismo de la junta militar entronizada se manifestó desde los primeros momentos con la citación a más de un centenar de figuras políticas, activistas sociales, académicos y periodistas a cuarteles para retenerlos y advertirles de que se abstuvieran de todo acto de oposición al poder de fuerza.
La medida de intimidación se complementó con aplicaciones abusivas de legislaciones contra insultos a la monarquía, prohibición de reuniones de más de cinco participantes y una férrea censura de prensa que castiga con cierres de medios cualquier crítica a la cúpula gobernante.
Aunque nada de este paquete represivo ha sido levantado o flexibilizado, pese al clamor de la importante industria turística afectada por una seria contracción de visitantes extranjeros, el régimen de facto se empeña en darse un viso institucional con el cual al menos aliviar las críticas externas, incluidas las procedentes de Naciones Unidas.
Fue así como la junta en el poder, rebautizada Consejo para el Mantenimiento de la Paz y el Orden, dio paso, dentro de lo que Prayut llama su «hoja de ruta», a formar de dedo una Asamblea Legislativa Interina de 200 miembros, dominada por altos mandos de las fuerzas armadas, que como era de esperarse designó primer ministro al jefe golpista.
Su otra pieza institucional consistió en seleccionar con idéntico procedimiento un Consejo Nacional de Reforma de 400 integrantes, con la encomienda de recomendar cambios cosméticos en las estructuras, según pautas del poder, y redactar por un comité una propuesta de nueva Constitución.
Pese al control ejercido en este proceso dirigido desde arriba, del que fueron excluidos los partidos políticos, ya se advirtió en el mencionado comité sobre diametrales discrepancias en cuanto a convalidar el derecho de estas formaciones o soslayar su existencia en una futura Carta Magna, un verdadero desaguisado en la cultura democrática de Tailandia.
Este predecible paso en falso, tal vez ponderado cautelosamente, puede explicar que la convocatoria de elecciones para 2015 prometida por Prayut en su hoja de ruta haya sido dilatada hasta nunca antes de la segunda mitad de 2016.
En cualquier caso, sin ninguna perspectiva de introducir las transformaciones a que aspiran las capas populares del reino, a la larga el poder militar parece seguir condenado a cumplir su sino intervencionista en repetitivos ciclos para mantener el tradicional orden social clasista.
* Corresponsal de Prensa Latina en Vietnam.
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