La tala y la expansión urbana han encendido las alertas entre habitantes de las comunidades boscosas de Huixquilucan. En un escrito enviado a AD Noticias, vecinos de Piedra Grande, La Cañada y La Cima solicitan investigar el derribo de árboles, posibles cambios de uso de suelo y restricciones de acceso a caminos utilizados por la población.
Este medio reserva la identidad de los remitentes. Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento no ha emitido comentarios sobre los señalamientos recibidos.
La preocupación tiene un contexto territorial: el crecimiento de la zona residencial de Huixquilucan ha ocupado un paisaje de montes y barrancas con fraccionamientos de lujo, edificios y vialidades. La proximidad de esas urbanizaciones con terrenos forestales plantea una disputa por la conservación del suelo, el agua y los espacios comunes. Determinar si existen irregularidades exige revisar los predios y sus autorizaciones; la presencia de construcciones no basta para acreditar una infracción.
El problema forestal está reconocido en la planeación municipal. El Plan de Desarrollo Municipal 2025–2027 identifica tala clandestina en San Francisco Ayotuxco y Santa Cruz Ayotuxco, dos comunidades donde también registra afectaciones por plagas.
Las inconformidades tuvieron una expresión pública el 7 de junio de 2026, cuando habitantes de La Cañada y La Cima bloquearon la carretera México–Toluca, a la altura de la Plaza de las Alas, en Ocoyoacac. Los participantes exigieron frenar el derribo de árboles y los posibles cambios de uso de suelo vinculados con proyectos inmobiliarios.
Después de aquella movilización, el Ayuntamiento aseguró que no había otorgado licencias de construcción en La Cañada ni en zonas forestales. También sostuvo que la protección de los bosques involucra a autoridades estatales y federales, entre ellas Semarnat, Profepa y Probosque. Esa postura corresponde a la protesta de junio.
La distribución de competencias obliga a revisar distintos expedientes. El catálogo de trámites del municipio incluye licencias de construcción y uso de suelo. Esas facultades deben distinguirse de las autorizaciones ambientales y forestales que corresponden a otras instancias.
Hay antecedentes de intervención federal en el territorio. Profepa informó la clausura del aserradero Los Encinos, ubicado en el paraje El Hielo, durante un operativo realizado del 28 al 30 de enero de 2026. No se ha acreditado una relación entre ese establecimiento y los lugares señalados en el escrito recibido por AD.
Por su parte, el Ayuntamiento reportó a finales de septiembre la plantación de más de 15 mil árboles durante la temporada de lluvias, frente a una meta de 30 mil para este año. El balance de reforestación no permite establecer cuánta superficie boscosa se ha perdido ni qué resultados han tenido las actuaciones contra la tala.
AD dará seguimiento al caso con recorridos, testimonios y revisión documental para precisar dónde ocurrieron los hechos, qué permisos existen y cómo han intervenido las autoridades.
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