Gabriel Carreño Camacho y Jesús Antonio Suárez Hernández, dos de los tres exfuncionarios denunciados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), debido a la presunta sustracción del expediente original sobre el caso llamado «La Casa Blanca», laboran en la Secretaría de la Contraloría del gobierno del Estado de México.
Una investigación de la periodista Teresa Montaño en el semanario Proceso señala que la SFP denunció a ambos funcionarios por su «probable responsabilidad en el ejercicio ilícito del servicio público».
A pesar de eso, tanto Carreño Camacho como Suárez Hernández están registrados en el directorio y en la relación de remuneraciones de la Secretaría de la Contraloría del gobierno de la entidad.
El sueldo que percibe Gabriel Carreño por ser el subsecretario de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría es de 113 mil 646 pesos al mes; mientras que Jesús Suárez percibe 99 mil 244 pesos por el cargo de contralor interno de la misma dependencia.
La investigación de Montaño señala que cuando ambos funcionarios trabajaron en la SFP, en dicha secretaría también se encontraba el titular actual de la Contraloría mexiquense, Javier Vargas Zempoaltecatl.
Hasta el 4 de septiembre del 2017, Vargas Zempoaltecatl era el subsecretario de Responsabilidades Administrativas, área bajo sospecha pues de ahí se sustrajo el expediente de la investigación acerca de «La Casa Blanca».
De acuerdo con el testimonio que la periodista consigna en su texto, los dos funcionarios vinculados a la extracción del expediente continuaban laborando de manera normal hasta el 12 de marzo de este año.
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