Toluca, México; 22 de mayo de 2018. El transporte público del Estado de México es el más inseguro del país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, en la tierra de Peña gobernada por el tercero de los Del Mazo, en el presente año se han cometido 3 mil 938 delitos contra el transporte de un total de 8 mil 708 a nivel nacional, lo que significa que un 45.22 por ciento de la incidencia delictiva se realizó en la entidad mexiquense.
A nivel nacional se han cometido 708 robos a transporte público individual (taxis), 3 mil 895 a transportistas (camiones de carga), y 4 mil 105 a transporte público colectivo (camiones, combis, minivans).
En el Estado de México durante los primeros cuatro meses del 2018 se realizaron 283 robos a transporte público individual, 918 a transportistas y 2 mil 737 a líneas concesionarias de transporte público colectivo, lo que convierte al transporte público mexiquense en el más inseguro de todo el país en todos los rubros.
Después del Estado de México, la Ciudad de México es la entidad que reportó más robos en taxis, con 95 en el periodo de enero a abril; en robo a transportistas el segundo lugar es Puebla, con 775 hurtos a camioneros; y en hurto a transporte público colectivo, la capital del país se coloca por detrás del Edoméx, con 1 mil 2 atracos en 2018.
Sólo en el mes de abril, en todo el país se reportaron mil 56 robos en transporte público colectivo, de ese total 717 se cometieron en el estado, lo que significa que el 67.90 por ciento de los atracos sucedieron en suelo mexiquense.
En el transporte público individual se cometieron 183 atracos en abril, de los cuales 71 fueron en el Estado de México, el 38.80 por ciento.
Los municipios mexiquenses con mayor incidencia de este delito son Ecatepec y Toluca. En el primero se han cometido 502 robos al transporte público colectivo en el presente año y 107 a transporte público individual en el mismo lapso.
La capital mexiquense ocupó el segundo lugar en ilícitos cometidos contra transporte público colectivo y el primer en hurtos a taxis, con 294 denuncias en los primeros cuatro meses del presente año.
Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl fueron el tercer, cuarto y quinto puesto de los municipios mexiquenses en robo a camiones, minivans, combis y taxis.
A pesar de lo anterior, miles de transportistas están en desacuerdo con la implementación de las medidas de seguridad que el gobierno del Estado de México dispuso como obligatorias en la Gaceta de Gobierno del 20 de Marzo, en las que la administración de Del Mazo condicionó la renovación de las concesiones de transporte a la renovación del parque vehicular, y a la instalación de botones de pánico, GPS y cámaras de videovigilancia en las unidades de transporte.
El pasado 17 de mayo, miembros de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Económicas, Empresariales y Productivas del Estado de México; el Bloque de Transportistas 20 de Marzo y la Alianza de Autotransportistas cerraron la circulación de la autopista México-Toluca y plantaron un mitin frente al Palacio de Gobierno mexiquense, en exigencia de la derogación de la disposición gubernamental de reordenamiento del transporte público.
Los trabajadores del volante amagaron con marchar a la residencia oficial de Los Pinos y colapsar el tránsito en la Ciudad de México y en Toluca hasta la derogación de las disposiciones oficiales en materia de movilidad; sin embargo, detuvieron su marcha en la caseta antes de entrar a la capital del país.
Los transportistas denunciaron que policías de la Ciudad de México habían atacado a algunos de los manifestantes y que tres de sus compañeros habían desaparecido por la trifulca.
Ayer, el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, indicó que la dependencia iniciará los operativos para el reordenamiento de las unidades irregulares que operan en el territorio mexiquense.
Raymundo informó que, de las 168 mil concesiones de transporte público en el Estado de México, alrededor de 70 mil unidades prestan el servicio de forma irregular, y que esto representa un problema de seguridad, pues en esas unidades son en donde se cometen la mayor cantidad de los ilícitos en el estado.
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