La política de movilidad en ruinas
La movilidad en el Estado de México nunca fue política pública: fue un acuerdo permanente entre gobiernos y transportistas para conservar el caos como forma de control. No hay indicadores confiables, no hay sistema integral, no hay autoridad técnica real. El transporte público es, para millones, un castigo cotidiano: inseguro, lento, caro y degradante. Y lo peor es que se ha normalizado como si fuera el precio inevitable del progreso. Gobernar es planear la movilidad, no simularla.
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El sistema concesionado como enfermedad crónica
El corazón del problema está en el modelo de concesiones: permisos otorgados con criterios políticos, supervisión simbólica, flotas envejecidas y tarifas desarticuladas. Las rutas no siguen lógica urbana, sino acuerdos entre grupos de poder. Las empresas formales son la excepción; predominan los sindicatos-empresa que operan con impunidad. Cada revisión tarifaria debería ser una auditoría completa del sistema, pero se limita a negociar con los mismos que han destruido el servicio.
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El costo de ser pobre y moverse
Más del 60 % de quienes usan transporte público en el Edomex pertenecen a sectores de ingreso bajo. Pagan en promedio más del 5.7 % de su gasto mensual solo para ir y volver del trabajo o la escuela. No tienen alternativa. Viven lejos, trabajan lejos, votan cerca. Para ellos, una mala política de movilidad no es una molestia: es una barrera estructural. Si de verdad el gobierno quiere gobernar para los más vulnerables, debe empezar por donde caminan y por donde viajan.
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Sí se puede… cuando se quiere
El Mexibús, el Mexicable y el nuevo tren elevado son prueba de que el Estado puede diseñar soluciones eficaces, sostenibles y modernas. Son proyectos que funcionan porque fueron concebidos desde la técnica, no desde el clientelismo. La diferencia está en el quién y en el cómo. Lo demás —rutas caóticas, unidades obsoletas, ausencia de datos— es la herencia de gobiernos que optaron por el acomodo fácil. La movilidad puede ser digna, si se desmonta el pacto con la ineficiencia.
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Un político disfrazado de técnico
Daniel Sibaja no es un técnico con visión política; es un político con cargo técnico. Y ahí reside el problema. Al frente de la Secretaría de Movilidad, ha reproducido inercias sin asumir el rediseño estructural que la entidad exige. No hay diagnóstico público, ni sistema de datos abiertos, ni una hoja de ruta para modernizar el transporte concesionado. La revisión tarifaria ocurre sin indicadores sociales, sin auditorías visibles, sin control real. En lugar de romper con el viejo régimen, lo ha actualizado con lenguaje progresista y formas institucionales vacías. Gobernar la movilidad exige técnica, coraje y visión: hasta ahora, no hay señales de ninguna de las tres.
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