Toluca, Estado de México; 3 de septiembre de 2019.– El 1 de julio de 2015, la Universidad Autónoma del Estado de México presentó una denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad por el tema de la llamada “Estafa Maestra”; fue la primera institución en acusar, penalmente, el presunto desvío de más de 21 millones de pesos para realizar supuestos servicios a la Secretaría de Desarrollo Social.
Así lo da a conocer Animal Político, que junto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, realizaron una investigación sobre este tema. Señala que los entonces representantes legales de la UAEMex durante la administración del ex rector y actual titular de la Comisión de Derechos de la entidad, Jorge Olvera García, Hiram Raúl Piña y Heriberto Mercado, fueron los que interpusieron la denuncia respectiva.
Sin embargo, ni la entonces PGR, ni la actual Fiscalía han realizado diligencia alguna sobre este asunto. En entrevista con Animal Políticoel abogado general de la Universidad, Luis Raúl Ortiz Ramírez, señaló que en todo este tiempo “no ha habido ni una sola diligencia o citatorio”.
“Estamos extrañados de que la Fiscalía no nos ha (requerido) para participar ni como testigos, mucho menos como presuntos responsables, ni como coadyuvantes o terceros interesados”, agregó Ortiz Ramírez, quien aseguró que no es la institución quien está bajo la lupa, sino “personas que en su momento hicieron esos acuerdos”, por eso tienen toda la disposición de entregar la información en caso de ser requerida por la Fiscalía.
En ese sentido se menciona que el pasado 20 de mayo, “el rector Alfredo Barrera Baca envió el oficio 179/2019 al delegado de la ahora Fiscalía General de la República en el Edomex, Raciel López Salazar, para poder conocer el estatus de la denuncia de 2015, porque nunca han recibido notificación alguna”.
En ese oficio, las autoridades de la UAEMex cuestionan sobre las diligencias que se han efectuado hasta la fecha y el resultado de las mismas. “Si existe acto, diligencia o documento alguno que podamos efectuar para efecto de coadyuvar en la investigación de los hechos presumiblemente constitutivos de delito. Si el delito en cuestión no prescribe o qué medidas se deben implementar para interrumpir la prescripción”.
Destaca que la universidad mexiquense presentó esta queja incluso antes de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “interpusiera seis denuncias penales por presuntos desvíos en contra de la Sedesol y las Universidades del Estado de México y de Morelos, en octubre de 2015”, si bien ningún funcionario ha sido procesado.
La investigación sobre la Estafa Maestra revela que fueron 11 las dependencias gubernamentales que realizaron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios en los que se utilizaron 128 empresas ilegales o fantasmas, de tal suerte que los recursos públicos se esfumaron.
Animal Político señala que “en la denuncia de 2015 se expuso que de la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación a los convenios suscritos entre diferentes dependencias de gobierno y la Universidad del Estado de México para realizar diferentes servicios, hecha del 18 de febrero de 2015, se detectó que funcionarios de la Universidad contrataron en 2014 a Zulma, S. A. de C. V. que no fue localizada en su domicilio y que a su vez subcontrató a IT Guardian Auditing & Consulting Services.
“Los supuestos servicios que la universidad debía hacer en este contrato era “monitoreo de ventanillas del programa de adultos mayores para pruebas de supervivencia”, para la Sedesol, y aunque la empresa Zulma no cumplió, cobró 21 millones 177 mil pesos por lo que se concluía que había habido “un pago injustificado” en 2013 que significaba “un probable daño al erario”.
“Dicho convenio fue firmado, durante la rectoría de Eduardo Gasca, entre el apoderado legal de la Universidad, Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, y Ramiro Ornelas, Director general de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol en febrero de 2013, de acuerdo con el documento obtenido por Animal Político vía transparencia durante la investigación de La Estafa Maestra”.
Fue durante la gestión de Jorge Olvera que se recibieron las observaciones de la auditoria efectuada a dicho convenio, por lo que la nueva gestión interpuso la denuncia mencionada ante la PGR, a fin de que se investigaran esos hechos, que perjudicaban el patrimonio de la universidad, la hacienda pública de la federación.
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