Ha iniciado la parte más visible del proceso de elección de gobernador en el Estado de México: las campañas. Y aunque es temprano aún para vaticinar resultados, es oportuno advertir las características que podría tener el ejercicio comicial, para que nadie se llame a sorprendido cuando el día 4 de junio por la noche comencemos a atisbar en manos de quién estará el Ejecutivo estatal hasta el año 2023.
El número de ciudadanos con posibilidades de acudir a las urnas en este proceso es ligeramente superior a 11 millones y medio de personas, sin embargo es un hecho que no acudirán todos. Lo más probable es que acuda cuando mucho la mitad ¿Cómo puede asegurarse esto? Pues porque en las pasadas dos elecciones para gobernador en la entidad sólo acudieron 42% y 46%, en los años 2005 y 2011, respectivamente.
Una simple operación aritmética nos revela que el próximo gobernador será elegido por unos 5 o 6 millones de mexiquenses que acudan a las urnas. Ahora, atendiendo al resultado de los dos procesos anteriores, se podría vaticinar que quien gane lo hará con una cantidad que ronde los 4 millones de votos. Pero este proceso tiene una característica que los otros no tuvieron: el número de candidatos. En 2005 y 2011 sólo hubo tres candidatos registrados, pero ahora son siete, tres de los cuales han mostrado posibilidades de obtener más de 20% de los sufragios cada uno.
De mantenerse esta ruta de competencia, tendríamos un ganador cuya votación no alcance siquiera el 40% del total de votos. Lo anterior significa que quien gane lo haría con entre 3 y 3.5 millones de votos ¡Un gobernador electo sólo por 3 de cada diez ciudadanos registrados en la lista nominal! Sin duda será un candidato ganador con una legitimidad muy cuestionable, pues por cada persona que haya votado por él habrá siete más que no lo querían como su gobernador.
El diseño de nuestra competencia electoral permite eso y más, porque podría darse el caso (no tan remoto) que los otros cuatro candidatos registrados (dos de ellos independientes) obtenga, entre todos, de 10 a 15% de los sufragios totales. Eso ya reduce “el pastel” que tendrían que repartirse los tres punteros. Así, el universo de votos que disputarían quienes realmente tienen posibilidades de ganar sería no de 100%, sino de 85%.
Esta es, pues, una elección atípica, con claras tendencias a la dispersión del voto. La boleta electoral estará más llena que nunca y el ciudadano que acuda a emitir su sufragio tendrá más de donde escoger. Sin embargo, no me cabe la menor duda que el resultado no será democrático, porque la mayoría de las personas no se sentirían representadas, lideradas o tomadas en cuenta por quien resulte gobernador(a). Vaya, ni siquiera existirían los mecanismos para que su participación política pueda ir más allá de la emisión de un voto.
El principio del voto popular como instrumento para la designación de un gobernante se sostiene bajo la idea de que este último representa a la mayoría que lo elige (lo cual, incluso, encierra el riesgo de que tal mayoría avasalle a las minorías), pero el ejercicio en el que hoy estamos inmersos los mexiquenses no dará como resultado una mayoría que toma las decisiones y unas minorías que luchan a contracorriente por existir; al contrario, obtendremos una minoría que toma todo y una mayoría que sale perdiendo, porque se queda sin la posibilidad de tomar parte de las decisiones políticas. Como se le quiera ver, el 4 de junio tendremos un resultado electoral no democrático, de lo cual podrían beneficiarse, sobre todo, las minorías que son más poderosas en términos económicos, gubernamentales y clientelares.
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