Pocas veces los hechos delictivos generan tanta rabia, tanto desconcierto. Las pocas imágenes que se llegaron a difundir, son más que elocuentes: una madre inconsolable que sostiene el cadáver de su hijo; una menor de 14 años con la cabeza recostada en el hombro de la señora, agarrándose el vientre con sus dos manos, violada al igual que su progenitora; un hombre desolado, impotente.
Es una escena que revela mucho de lo que pasa en este país, donde la violencia ha tomado carta de naturalización y donde, cuando ocurren hechos tan lamentables, las autoridades hablan de operativos, de cámaras de seguridad, de coordinación y dejan de relieve su inoperancia.
Los actores de este deleznable hecho, juntos, solos, en un sillón de una oficina oficial. La pesadilla que inició en el kilómetro 96 de la autopista, México-Puebla, a la altura del poblado de Santa María Moyotzingo, en el municipio de San Martín Texmelucan, jamás podrán borrarla de su mente, de sus vidas.
De nada valdrá que las autoridades, con la mea culpa que deriva de la ineficacia, de la falta de vigilancia, les devuelven algún día la camioneta Ford Ranger que les fue robada; nada quitará de la mente de Hilario las imágenes de la violación de su esposa e hija, menos aún el asesinato de su pequeño Elías, un bebé de dos años.
Al conocerse la tragedia, la sociedad poblana reaccionó y lo mismo hizo el fiscal General del estado de Puebla, Víctor Carranca Bourget, quien tras calificar de lamentable el caso y de comprometerse a dar con los responsables, hizo una declaración que generó escepticismo: una de las líneas de investigación apuntaba a “un ajuste de cuentas”.
Pero, además, en lo que buscó ser deslinde de la administración poblana, se expuso que se trata de “un tramo responsabilidad de la Policía Federal”.
No es la primera ocasión que en la entidad poblana se suscitan hechos como el detallado. En días pasados también se dio a conocer el asesinato de un joven identificado como Erik Bolio quien fue asesinado tras defender a una mujer y su hijo durante un asalto en transporte público.
Cifras del Observatorio Nacional Ciudadano señalan que, en enero, se abrieron 973 carpetas de investigación a causa de asaltos con violencia en la entidad, mientras que en febrero hubo una mínima disminución de 3.9%, con lo cual fueron registrados 936 actos en contra de los habitantes.
En marzo la cifra se disparó en 20.7% al alcanzar mil 130 casos de robo con violencia, lo que colocó a Puebla como la cuarta entidad del país con mayor inseguridad, sólo por debajo del Estado de México.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), siete de cada diez poblanos tienen una percepción de inseguridad.
A pesar de ello, el gobierno de dicha entidad justifica la esta violencia a través de supuestos en que se indican, como en el de la carretera México-Puebla, que se trata de “asuntos de venganza”.
Para saber:
La autopista federal que conecta la capital del país con Puebla, y que atraviesa en un tramo el Estado de México, es una de las que registra un mayor número de asaltos en el país, según información de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Una de las prácticas más habituales en este tipo de asaltos, es arrojar piedras u otros objetos desde los puentes para obligar a detenerse a los automóviles.
Entre los estados más afectados del país destacan Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Jalisco y Michoacán.
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