El fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) confirmaron este martes que en México el gasto público favorece a los más ricos y mantienen inalteradas las condiciones de desigualdad entre los mexicanos. ¿Sorprende? No tanto; sólo confirma una tendencia: el gasto que hace el gobierno no está influyendo en la erradicación de la desigualdad social.
La razón por la cual el ser humano vive en sociedad es porque ello le ofrece mayores posibilidades de sobrevivencia. Cohabitar en grupos permanentes ha sido una conducta mostrada desde los primeros homínidos, y la tendencia a conformar grupos cada vez más grandes y complejos ha sido también una constante. Los pequeños clanes evolucionaron hacia poblados, luego a ciudades y, por supuesto, a naciones-estado. El diseño de esos grupos tendría que obedecer, entonces, a las necesidades de sus integrantes, ofreciéndoles condiciones para procurarse la vida y desarrollarse, las cuales suelen transformarse en derechos. Eso quiere decir exactamente: lo que como miembro de la sociedad debo recibir o poder hacer, por el hecho de formar parte de ella.
No obstante este principio lógico, a medida que las sociedades humanas se vuelven más grandes, sus integrantes hacen cosas diversas y ocupan espacios diferenciados, las condiciones de vida para cada uno de ellos se vuelven distintas. Formar parte de una sociedad implica realizar algo dentro de ella: trabajar, producir, intercambiar, relacionarme, pensar, comunicar, vigilar, dirigir, etcétera. Todos contribuimos a formarla de un modo diferente, pero cuando la diferencia se traduce en desigualdad empiezan los problemas.
Desigualdad en términos sociales significa una situación en la que un grupo al interior del cuerpo social recibe un trato diferente. Ello suele obedecer a varias razones, pero una muy importante es el diseño que tienen tal sociedad. Así es: toda sociedad posee un modelo, que está conformado por sus reglas (las escritas y también las no escritas), sus dinámicas y su lógica (que a veces suele apartarse de la razón). ¿Cómo es el modelo que tiene hoy nuestra sociedad y qué desigualdades produce?
El tema es amplio y harto complicado, sin embargo algunos indicadores pueden darnos idea. Retomo algunos que se encuentran incluidos en el Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México, hecho por la UNICEF en conjunto con el PNUD y que se presentó este martes. En tal documento se consigna que, tras realizar un análisis de la asignación del gasto público por deciles de ingreso, éste reveló que para el periodo 2008-2012 se tuvo un efecto redistributivo prácticamente nulo, es decir, mantenía la desigualdad de oportunidades inalterada.
Este informe fue elaborado bajo el enfoque del Desarrollo Humano, según el cual lo que importa son las personas, sus capacidades y las oportunidades que poseen para elegir el tipo de vida que más valoran. De acuerdo con tal enfoque, el gasto público tiene el potencial para redistribuir recursos y contribuir a subsanar desigualdades entre la población. Ello quiere decir que el dinero que se recauda vía las contribuciones de todos los miembros de la sociedad (pagando impuestos) puede ser utilizado para apuntalar un modelo de sociedad donde todos poseen las mismas oportunidades de desarrollar las capacidades y vivir como deseen hacerlo. Pero el documento en comento advierte: “El gasto puede beneficiar a la población si los recursos generan un valor adicional, como calidad educativa o servicios de salud confiables, o si favorecen a los grupos con mayores carencias y desventajas”.
Lo que nos confirma este Informe es que en México, desde hace bastantes años, el gasto público no está siendo utilizado para incrementar los tres pilares básicos del desarrollo humano (salud, educación e ingreso) en los sectores con menos oportunidades. La causa de esto es que “el diseño del gasto está siendo pro-rico, en lugar de ser pro-pobre”. Así lo consigna: “el gasto público en desarrollo humano puede ser pro-pobre si se le asignan más recursos a quienes experimentan más carencias. Mientras más pro-pobre sea la asignación, mayor será la capacidad del gasto para promover la igualdad de oportunidades. De forma contraria, la distribución del gasto puede tener un sesgo pro-rico si los recursos se concentran en los grupos poblacionales con mayor desarrollo e ingreso”.
Así, tras analizar el gasto público que se destinó a salud, educación y a fortalecer el ingreso de las personas, el PNUD y la UNICEF concluyen que en México el componente con el mayor sesgo pro-ri-co son las transferencias al ingreso: 29.1%; que favorecían al diez por ciento de la población con el mayor ingreso, mientras que 14.3% benefició al 10% más pobre. En contraste, el rubro con el mayor sesgo pro-pobre era Oportunidades (ahora PROSPERA), pues 45.6% de su presupuesto se destinó al 20% de personas conmenor ingreso. Por su parte, el gasto en salud y educación tuvo un efecto prácticamente nulo sobre la reducción de la desigualdad.
Los resultados del Informe aludido también indican que el gasto público destinado a generar desarrollo humano benefició en mayor medida a quienes tenían mejores oportunidades sociales. Como lo afirma el economista Gerardo Esquivel (en su informe para Oxfam-México): “Uno de los grandes problemas reside en que nuestra política fiscal favorece a quien más tiene. No es de ninguna manera progresiva y el efecto redistributivo resulta casi nulo. Por gravar consumo por encima del ingreso, las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso, terminan por pagar más que las ricas”. Este es sólo un botón de muestra de los resultados que arroja una sociedad diseñada pro-ricos.


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