Urgen a Peña investigar presunto fusilamiento en Tlatlaya

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) afirmó que el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes es la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo en un comunicado que “el testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”. Desde el primer reportaje de la agencia de noticias internacional The Associated Press (AP), en el
septiembre 19, 2014

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) afirmó que el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes es la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo en un comunicado que “el testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”.

Desde el primer reportaje de la agencia de noticias internacional The Associated Press (AP), en el que se aseguraba que los elementos de Ejército habían fusilado a 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, HRW y otras organizaciones internacionales de derechos humanos han aumentado la presión sobre el gobierno federal para que esclarezca los hechos.

Hasta el momento ni el gobierno estatal ni federal han emitido información sobre las declaraciones de testigos del presunto enfrentamiento, publicados por AP y la revista Esquire.

Tras la visita de AP a San Pedro Limón, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró en un comunicado que "no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución" y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.

En tanto el gobierno del estado se rehusó a entregarle a la AP los informes de las autopsias de los muertos y elevó los documentos a la categoría de secreto de estado y los privilegió con una reserva por los siguientes nueve años, luego de que la AP los pidiera en una petición de información.

Ante una petición similar en julio, la PGR respondió que los informes no existían.

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