La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), exigen al gobierno federal esclarecer el presunto enfrentamiento entre elementos del Ejército y delincuentes registrado en Tlatlaya e iniciar investigaciones inmediatas, independientes e imparciales.
En semanas pasadas la agencia de noticias internacional Associated Press (AP), asegura que tiene evidencia de que los elementos del Ejército colocaron en un paredón (improvisado dentro de una bodega) a 22 presuntos delincuentes y los fusilaron.
De acuerdo con información de MVS, la CMDPDH y el Centro Prodh, también aseguran que los recientes operativos contra la delincuencia organizada “parecieran configurar ejecuciones extrajudiciales que se enmarcan en el patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico, que cerró el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano”.
“El gobierno federal tiene la obligación de esclarecer los hechos e iniciar investigaciones inmediatas, independientes e imparciales,” acotan los defensores, al solicitar que el Gobierno de la República que “haga pública la información del caso y que la Procuraduría General de la República, PGR, inicie de inmediato investigaciones penales para sancionar a los responsables de haber cometido homicidio por el uso indebido de armas de fuego por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA.
Tras la publicación del reportaje de AP, y que fue retomado por varios medios estatales nacionales e internacionales, el procurador general de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que la muerte de las 22 personas en el municipio de Tlatlaya -registradas el pasado 30 de junio-, haya sido resultado de un fusilamiento por parte del Ejército Mexicano, sino que “se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una banda delictiva originaria de Guerrero, llamada Guerreros del Sur e integrantes de la XXII Zona Militar”, sostuvo el funcionario.
El reportaje de AP, señala que “un observador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inspeccionó la bodega donde fueron ejecutadas estas 22 personas, poco antes de que las autoridades estatales la cerraran. No se hallaron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado soldados que disparasen armas automáticas a distancia y no había tampoco señales de disparos efectuados desde el interior.”
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