Amnistía Internacional (AI) solicitó a la Procuraduría General de la República indagar a los altos mandos del Ejército implicados en el caso Tlatlaya por su presunto “involucramiento” en la muerte de 22 personas, que se presume fueron ejecutadas.
Durante una audiencia pública entre organizaciones y los diputados que integran la Comisión Especial para el caso Tlatlaya, Perseo Quiroz, presidente de AI en México, señaló que no sólo se debe sancionar a quienes jalaron el gatillo, también a los mandos que estuvieron al tanto de los hechos.
Como se recuerda el 30 de junio del 2014 en un presunto enfrentamiento elementos del ejército acribillaron a 22 personas en una bodega. La versión oficial dio a conocer que se había registrado un enfrentamiento entre presuntos delicuentes y elementos del Ejército en San Pedro Limón. Luego de los hechos, organizaciones civiles y testigos acusaron a los militares de haber realizado ejecuciones sumarias, entre ellas la de una menor de edad. En septiembre del año pasado la PGR consignó por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en el enfrentamiento.
A este respecto, el dirigente del organismo no gubernamental djo que “El hilo en México siempre se revienta por lo más delgado, si bien es cierto que hay siete militares involucrados en el caso Tlatlaya o que están siendo investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones y testimonios que se han dado hacen suponer que niveles altos de mando tuvieron involucramiento en el caso no jalando el gatillo directamente”, apuntó.
A la reunión, que empezó con retraso, solamente asistieron dos de los seis diputados que integran el Grupo de Trabajo de Tlatlaya, su coordinadora, la perredista Elena Tapia Fonllem y Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Los ausentes por parte del PRI fueron Heriberto Manuel Galindo Quiñones y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del PAN fue Alberto Días Trujillo y de Nueva Alianza, el diputado René Fujiwara Montelongo.
En la audiencia, Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, destacó que en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no existe información documentada en el caso Tlatlaya.
“Si no existe un control sobre la supervisión y no existe documentación e información, no es posible control democrático sobre el uso de la fuerza”, aseveró.
Refirió que en el asesinato de las 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, por integrantes de las fuerzas armadas, es un síntoma al interior del Ejército que se debe focalizar.
Por su parte, Édgar Cortés, representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, criticó la falta de transparencia por parte de las autoridades para informar acerca de las indagatorias del caso.
Los integrantes de las organizaciones solicitaron a las diputados presentes tipificar el delito de “ejecución extrajudicial” y agilizar la reparación del daño para las víctimas.