Investigación: Iván Ortiz y Blanca Velázquez
La crisis hídrica en el Estado de México, de acuerdo con la Secretaría del Agua, tiene que ver, significativamente, con el cambio climático. El impacto del incremento de la temperatura en la entidad y la disminución de lluvia han alterado los ciclos naturales y con ello se ha dado una disminución en la disponibilidad del recurso hídrico.
En este sentido, las Áreas Naturales Protegidas no deberían estar sometidas a intereses económicos o políticos, por el contrario, es preciso resguardadas no solo por las instituciones, sino por la sociedad en general, quienes, en un momento dado, dependemos de ellas para frenar los efectos de este desequilibrio del que hemos sido partícipes y recuperar, en lo posible, los recursos naturales, entre ellos, el agua.
En otro municipio del Estado de México, en Huixquilucan, Banco Azteca cuenta con una concesión para extraer anualmente 2 millones 200 mil metros cúbicos de agua, desde 2017. El REPDA no detalla el uso del recurso.
La cantidad de agua explotada por Banco Azteca es equivalente a entregar diariamente 603 pipas de 10 mil litros de agua a la población de ese municipio, que sufre desde octubre un desabasto de agua potable debido a la sequía.
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Valle de Bravo: enfermo de desarrollos inmobiliarios
En Valle de Bravo cada año se urbanizan 120 hectáreas de bosque y pasan a ser desarrollos inmobiliarios, estima en sus investigaciones la doctora en urbanismo de la UAEMex, Marie Eugenie Deverdun. “Si este ritmo continúa, en el 2030 no existirá más suelo que urbanizar en el municipio, para la población local ni para el turismo residencial”, señala en entrevista.
“Este es un lugar de residencias turísticas, más que de hotelería tradicional. Así ha sido a lo largo de los años hasta alcanzar límites. Ahora, el bosque de Valle de Bravo, en vez de que capture CO₂ lo emite”, comenta al respecto Alfonso Iracheta.
En Valle de Bravo, los desarrollos inmobiliarios crecen sin control gracias a la nula regulación gubernamental, consideran ambos especialistas: «Cuando trabajé en Valle de Bravo me preguntaba, ‘¿qué hace el Estado?’. Descubrí que lo que hace la mayoría de los políticos mexiquenses y de la CDMX es comprar ahí», comparte Iracheta.
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Por su parte, Deverdun considera que los desarrollos traen una derrama económica, pero también una serie de impactos. “Vienen problemáticas ambientales, la especulación del suelo y cambios sociales derivados precisamente de estos desarrollos”.
Para la experta en urbanismo es urgente un control en la zona. “No se busca frenar, sino que el crecimiento sea regulado. Cualquier desarrollo urbano, no solo residencial, tiene que estar regulado”.
A decir de Iracheta, la solución está en acordar de una vez por todas qué áreas del bosque no se deben urbanizar, “porque los bosques son la fuente del agua y, por lo tanto, del paisaje y del turismo”, expresó.
“El problema es que esos lugares ya están comprados por gente de mucho dinero. [Ellos] asumen que tienen el derecho para hacer lo que les parezca correcto con ese terreno. Y eso ha sido negocios inmobiliarios”, concluye el investigador.
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