El expediente de Valle de Bravo cambió de naturaleza el día que abandonó los escritorios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para llegar a la Fiscalía General de la República (FGR).
Hasta ese momento, la administración encabezada por Michelle Núñez Ponce, alcaldesa de Morena y reelecta para un segundo periodo constitucional, enfrentaba un procedimiento de fiscalización como los que cada año practican los órganos de control sobre miles de millones de pesos de recursos públicos.
Con la presentación de una denuncia penal, el escenario dejó de ser administrativo.
Se convirtió en un asunto de procuración de justicia.
Y esa diferencia cambia completamente el futuro del caso.
De una auditoría al Ministerio Público
El origen del expediente se encuentra en la Auditoría No. 980 practicada por la ASF a la Cuenta Pública 2024, específicamente a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
Los auditores revisaron una muestra por 40 millones 717 mil 575 pesos destinados a obras de infraestructura social.
Durante la revisión encontraron deficiencias en la documentación presentada por el Ayuntamiento para acreditar el ejercicio de esos recursos.
La ASF concluyó que no fue posible comprobar documentalmente el destino del 100 por ciento de la muestra auditada, emitió el Pliego de Observaciones 2024-D-15110-19-0980-06-001 y determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por el monto observado. Posteriormente presentó una denuncia penal ante la FGR.
La diferencia es fundamental.
Una observación administrativa busca corregir.
Una denuncia penal busca investigar la posible comisión de delitos.
¿Qué encontró la ASF?
La auditoría no sostiene que el dinero haya sido robado.
Lo que afirma es que el Ayuntamiento no logró demostrar, con la documentación exigida por la ley, el correcto ejercicio de los recursos federales revisados.
Entre las observaciones destacan presuntas deficiencias o ausencia de:
- expedientes técnicos;
- documentación comprobatoria;
- procedimientos de contratación;
- evidencia suficiente sobre la ejecución de obras;
- documentación justificativa del gasto;
- elementos que acreditaran plenamente el destino de los recursos públicos.
Desde la perspectiva de la ASF, esas inconsistencias fueron de tal magnitud que ameritaron abandonar la vía exclusivamente administrativa.
La ruta legal apenas comienza
Con la denuncia presentada por la ASF, corresponde ahora a la Fiscalía General de la República determinar si los hechos observados constituyen delitos.
Para ello deberá integrar una carpeta de investigación que incluya:
- contratos;
- expedientes de obra;
- estados de cuenta;
- estimaciones;
- dictámenes técnicos;
- declaraciones de servidores públicos;
- peritajes financieros;
- informes patrimoniales;
- cualquier otra prueba necesaria para reconstruir el destino de los recursos.
Será la Fiscalía, y no la Auditoría, la que determine si existen elementos suficientes para ejercer acción penal.
¿Quiénes podrían resultar involucrados?
Hasta este momento, la ASF no ha hecho públicos los nombres de los servidores públicos denunciados.
Sin embargo, la investigación necesariamente deberá revisar la actuación de quienes participaron en la administración de los recursos federales.
Entre ellos podrían encontrarse, dependiendo de las pruebas que obtenga el Ministerio Público:
- la Presidencia Municipal;
- la Tesorería;
- la Dirección de Obras Públicas;
- los comités responsables de contratación y adjudicación;
- los servidores públicos que autorizaron pagos, supervisaron obras o validaron la comprobación del gasto.
La responsabilidad penal, en su caso, será individual.
No colectiva.
¿Qué delitos podrían investigarse?
La denuncia presentada por la ASF no imputa todavía delitos específicos.
Será la FGR quien determine la clasificación jurídica de los hechos.
Dependiendo del resultado de la investigación, podrían analizarse figuras previstas en el Código Penal Federal, como:
- peculado;
- uso ilícito de atribuciones y facultades;
- ejercicio ilícito del servicio público;
- ejercicio abusivo de funciones;
- así como otras conductas previstas en la legislación aplicable, si las pruebas las sustentan.
De manera paralela, podrían derivarse responsabilidades administrativas graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Michelle Núñez responde
Frente a la difusión del informe de la ASF, Michelle Núñez respondió públicamente.
La alcaldesa rechazó las observaciones formuladas por el órgano fiscalizador, sostuvo que su administración actuó conforme a la ley y aseguró que el Ayuntamiento cuenta con la documentación necesaria para acreditar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
También manifestó su disposición para colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la investigación.
Su postura constituye, por ahora, la principal línea de defensa política y jurídica del gobierno municipal.
El costo político
En términos estrictamente legales, la denuncia penal no convierte a Michelle Núñez en responsable de delito alguno.
La alcaldesa conserva íntegramente la presunción de inocencia.
Pero políticamente el impacto ya comenzó.
La investigación coloca a un gobierno municipal de Morena bajo el escrutinio de la justicia federal en un momento particularmente sensible para el partido gobernante.
No sólo está en juego el destino jurídico de un expediente.
También la credibilidad de un proyecto político que ha hecho del combate a la corrupción una de sus principales banderas.
Si la investigación concluye que no existieron delitos, el gobierno municipal podrá reivindicar su actuación.
Si, por el contrario, la Fiscalía encuentra elementos suficientes para judicializar el caso y eventualmente obtener una sentencia condenatoria, las consecuencias podrían ir mucho más allá de Valle de Bravo.
Podrían significar la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la destitución, la reparación del daño, penas de prisión, conforme a los delitos que, en su caso, acrediten los tribunales, y el cierre anticipado de una carrera política que apenas hace unos meses recibió un nuevo respaldo en las urnas.
Porque, en política, los votos otorgan legitimidad.
Pero sólo la ley determina responsabilidades.
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