En una pequeña fonda en Joquicingo está pintada la panorámica del pueblo, con la iglesia al fondo; la mujer que nos atiende se lamenta porque el próximo domingo 19 será la fiesta mayor y la iglesia aún no ha sido arreglada, “desde el temblor”, dice.
En cuatro meses más, el 19 de septiembre, se cumplirán dos años del sismo que afectó al país; en el Estado de México, 74 municipios fueron afectados -principalmente de la zona sur oriente del Valle de Toluca- 279 inmuebles sufrieron daños, algunos ya se han terminado pero aún falta trabajo por hacer, especialmente los que se arreglarán con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
El programa de reconstrucción es extenso, así lo mencionó en entrevista para AD Noticias la arquitecta Araceli Galeana Estrada, coordinadora operativa de la oficina de sismos del centro INAH Estado de México, quien explicó que de los 279 inmuebles afectados, la reparación de 179 (76 con daño menor, 91 con daño medio y 12 con daño grave) ha sido concluida y 51 se encuentran en proceso de obra; estos 230 edificios en total se han arreglado -y se arreglarán los faltantes- con un monto de 230 millones de pesos, aproximadamente, producto de una póliza de seguro bancario Banorte, que INAH tenía contratado desde hace mucho tiempo y que ya no está vigente.
El costo que implicó el arreglo de ocho inmuebles con daño menor fueron asumidos por la fundación Carso, en este caso la labor del Instituto fue la de autorizar los trabajos que se realizaron.
El caso menos eficiente de obtención de recursos para la restauración de los inmuebles, afectados hace 20 meses, proviene Fonden, cuyos recursos federales se destinaron a la atención de 12 municipios, esto es: 56 inmuebles que deberán ser restaurados con 250 millones de pesos, cuya aplicación es lenta debido a que, explicó Galeana, están sujetos a leyes de obra pública, lo cual puede implicar licitación y tiempo para obtenerla; además de que, dijo, se trata de intervenciones más especializadas porque los edificios presentan daños muy graves, en algunos casos, incluso, de cimentación.
De todos los inmuebles afectados -además de los 41 bienes muebles entre los que se encuentran esculturas, pinturas de caballete y retablos- 90 por ciento son de uso religioso, iglesias de los siglos XVIII y XIX; en éstos, la oficina del INAH debe regular las intervenciones, algunas de las cuales se hicieron con recursos de la comunidad.
Al respecto, Galena explicó también que las autoridades religiosas deben solicitar licencia al Instituto para que la institución vigile que no se afecte el sistema constructivo de los inmuebles, ya que un factor que agravó los daños del temblor y que, incluso, causó colapsos, fue la modificación que no sigue las normativas de protección en algunas iglesias.
El trabajo que también realiza el INAH con la población es el de concientización, el personal debe explicar el retraso, las técnicas y la importancia de seguir las normativas de construcción; a 20 meses todavía existen reportes de daños producidos por el sismo y aunque ya no entran en el programa se les brinda atención y asesoría.
Aunque actualmente en municipios como Atlacomulco, Ixtlahuaca, Tonatico y Tenancingo ya se ha concluido la restauración de inmuebles, en otros lugares la espera continúa, ahí la gente se acostumbra o se lamenta: “antes venían los del INAH, dice la mujer en Joquicingo, pero ahora ya no, fíjese, otra vez no habrá iglesia para la fiesta”.