Familias víctimas de feminicidio denunciaron la falta de entrega de viáticos y apoyos económicos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM). Desde diciembre del año pasado, los afectados no han recibido los recursos destinados a cubrir sus necesidades básicas y los costos asociados a su seguridad.
«Nos tienen abandonados. No hemos recibido viáticos desde diciembre. Dicen que están dispersando, pero no vemos nada», afirmó Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez.
«Nos exigen comprobaciones absurdas, como si fuéramos a malgastar lo que nos dan. Esto no es un sueldo, es un apoyo que necesitamos para seguir luchando por justicia».
La situación se agrava, ya que muchas de estas familias dependen de estos recursos para poder asistir a audiencias, protestas y otras actividades relacionadas con la búsqueda de justicia para sus seres queridos.
«Estamos enfrentando un sistema que, en lugar de apoyarnos, nos revictimiza. Nos tratan con indiferencia y falta de empatía», expresó Gutiérrez.
Otros afectados, como el señor Diego, cuyo caso de feminicidio aún está en proceso, también han experimentado reducciones en los montos que recibían, sin explicación alguna. «Me dieron una cantidad menor sin previo aviso. ¿Dónde está el resto del dinero?», cuestionó.
Guadalupe Sevilla Reyes, madre de Wendy Yoselin, víctima de feminicidio, también comentó que la falta de estos recursos les dificulta los traslados a las instituciones y realizar varios trámites necesarios.
La Comisión les argumenta que los retrasos se deben a cuestiones administrativas y falta de acuerdos e incluso por el reciente proceso electoral, lo que para las familias es inaceptable.
«Ellos dicen que dejaron de otorgar el dinero para evitar que se interpretara como proselitismo. ¿Cómo es posible que nos digan esto? Para nosotros, como víctimas, esto no aplica», expresó molesta Lorena Gutiérrez.
En respuesta a esta situación, Gutiérrez y otras familias planean manifestaciones en la Ciudad de México y han llevado el caso ante diferentes instancias, exigiendo la renuncia de funcionarios que consideran incompetentes.
«Necesitamos servidores públicos empáticos, con perspectiva de género, no personas que nos tratan como si estuviéramos mal psicológicamente por reclamar lo que nos corresponde», afirmó Gutiérrez Rangel.
Las familias afectadas han dejado claro que, de no recibir una respuesta satisfactoria, continuarán llevando su lucha a nivel nacional e internacional, buscando que se respeten sus derechos y se garantice su seguridad. «Estamos en una lucha constante, y no vamos a parar hasta que se nos haga justicia y se cumplan las promesas de apoyo a las víctimas de feminicidio», concluyó Gutiérrez Rangel.
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