Un juez de control del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso contra Luis Alberto Bobadilla Ramírez y Jesús López García, presidente y tesorero de la mesa directiva de la Central de Abasto de Toluca (CAT), respectivamente, acusados del delito de extorsión. Ambos deberán enfrentar investigación complementaria por presuntos actos cometidos contra comerciantes del mercado, bajo un esquema de violencia, asociación delictuosa y aprovechamiento de una relación laboral con la víctima identificada con las iniciales N.E.T.C.
La audiencia se celebró el 26 de septiembre de 2025 en los juzgados de control de Almoloya de Juárez, presidida por el juez José Luis Jiménez Escutia. Según el acta, la defensa de los imputados desistió de ofrecer pruebas y el Ministerio Público obtuvo la vinculación formal. Aunque los internaron en el Centro Penitenciario de Santiaguito, seguirán el proceso en libertad debido a que cuentan con una suspensión derivada del Juicio de Amparo 676/2025, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal.
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El tribunal fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluirá el 23 de noviembre de 2025. Además, ordenó al Ministerio Público designar en un máximo de dos días hábiles al fiscal responsable del caso. En caso de incumplimiento, se estableció una sanción de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Contexto en la Central de Abasto
La detención ocurrió el miércoles 24 de septiembre. Más tarde, Bobadilla y López fueron trasladados a Santiaguito. De acuerdo con comerciantes de la CAT, Jesús “N” se mantenía prófugo desde el 24 de junio, mientras que Bobadilla continuaba operando dentro del mercado. Ambos habían sido señalados previamente por presuntos vínculos con grupos criminales. Así mismo, por imponer cuotas diarias a locatarios bajo amenazas.
La aprehensión reavivó el clima de tensión en la Central de Abasto, donde locatarios denunciaron nuevos actos de intimidación tras la captura. En meses recientes, el espacio ha estado marcado por episodios de violencia. Entre ellos, el incendio del 10 de julio de 2023 que dejó nueve personas muertas; según testimonios, estuvo relacionado con disputas por el control de locales.
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Lo que sigue del proceso
Las medidas cautelares dictadas por el juez incluyen la obligación de informar a la víctima sobre los avances del procedimiento. El Ministerio Público deberá continuar con la investigación, mientras la defensa de los imputados mantiene la opción de recurrir a la vinculación en apelación.
Con ello, el caso de extorsión contra los dirigentes de la CAT se convierte en uno de los procesos penales más relevantes en torno a la disputa por el control del principal centro de abasto de la capital mexiquense.
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