La pandemia ha puesto en evidencia las deficiencias del Poder Judicial del Estado de México y su incapacidad para resolver con mayor efectividad la impartición de justicia, durante los más de cien días de contingencia, así como la manera en que se reanudarán actividades en el sector.
Así lo consideraron, en términos generales, los abogados Enrique Lazaga Yamín, presidente del Colegio de Abogados de la entidad, Óscar Juárez Cárdenas y Javier Mejía Torres, al participar en el Conversatorio de AD.
El jurista Óscar Juárez refirió que si bien la prioridad ha sido preservar la vida, se presenta «un conflicto entre principios constitucionales»; mientras el artículo 17 de la Constitución consagra el derecho de todas las personas «a la pronta y expedita administración de justicia», el cuarto «establece el derecho a la salud de todas las personas».
Explicó además que el mismo artículo 17 señala que solamente en caso de emergencia «y sobre condiciones muy específicas se pueden suspender las garantías individuales, y es a petición del presidente de la república al Congreso de la Unión». En este caso dijo, no hay suspensión de garantías, por lo que el derecho al acceso a la justicia sigue vigente.
El presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, Enrique Lazaga, manifestó que si bien, en un principio, se estuvo a favor de la decisión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi, de suspender temporalmente actividades debido a la contingencia, ahora el gremio está preocupado porque no ven claridad en cuanto a su reanudación.
“No podemos tomarnos esa libertad tan audaz, más que audaz imprudente, de decir ´abrimos mañana y aquí se imparte justicia´”, ya que dijo, todos los involucrados en la materia deben tener certeza sobre las condiciones de seguridad sanitaria con que se va a operar.
“Un abogado sin trabajo es muy lamentable, pero es más lamentable un abogado que pierda la vida por actos de irresponsabilidad […] Propugnamos un regreso a los tribunales, pero un regreso ordenado, un regreso pensado, un regreso responsable», manifestó
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El abogado Javier Mejía Torres se refirió, en tanto, a tres factores que han frenado la impartición de justicia en la entidad: la pandemia misma, que es una situación sin precedentes y que «agarró mal parado» al Tribunal –así como a todos–; el hecho de que no todos los abogados mexiquenses cuentan con la firma electrónica, y tercero, «el manejo que le ha dado la autoridad –federal– a la pandemia es pésimo».
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Esto último ha provocado que la gente no se cuide debidamente y que se haya prolongado el confinamiento, lo que ha afectado, específicamente, la impartición de la justicia, coincidieron los tres invitados.
Sin embargo, opinaron que sería conveniente que el Edomex siguiera los ejemplos de otras entidades como Querétaro o Chihuahua, que iniciaron actividades de forma escalonada para no afectar más este derecho prioritario de acceso a la justicia.
Aunque destacaron que a través del Tribunal Electrónico ha sido posible atender una cantidad importante de asuntos jurídicos «no es la panacea» y no todos los casos pueden resolverse a través de ese mecanismo, ya que hay audiencias que requieren la presencia física de las partes involucradas.
Juárez Cárdenas destacó que la administración de justicia es «un servicio esencial que no puede permanecer cerrado de manera indefinida más meses».
En ese contexto, propuso que por un lado el Congreso de la Unión modifique el artículo 17 constitucional para que se incluya que la impartición de justicia pueda ser por medios digitales y que la Cámara de Diputados de la entidad modifique el Código de Procedimientos Civiles, a fin de darle fortaleza jurídica a un procedimiento que se realice por medios digitales.
Consideró necesario, además, que se abran más canales de comunicación con el tema específico de la reapertura de los juzgados del Estado de México, donde los representantes de las diversas organizaciones de abogados también puedan aportar sus puntos de vista y llegar a un acuerdo propositivo y constructivo.
«Tenemos que buscar las herramientas, los mecanismos para que esto avance, para que el justiciable encuentre justicia porque a final de cuentas en este preámbulo la más afectada es la sociedad sin lugar a dudas», señaló Enrique Lazaga.
Agregó al respecto: «nosotros no las hemos visto muy difícil, pero hay personas que además de vérselas muy difícil por la parte económica, está en riesgo su patrimonio, en riesgo su libertad, y se la están viendo doblemente fuerte».
El jurista Javier Mejía observó que esta situación del confinamiento y la suspensión, parcial, de actividades en el Tribunal Superior de Justicia mexiquense afecta el tener una justicia expedita, si de por sí antes no se tenía por las cargas de trabajo, ahora que se regrese a la nueva normalidad, la situación será peor.
A eso se suma, acotó el abogado Lazaga, que como parte de la Reforma Laboral, los juzgados se van a hacer cargo de los juicios laborales a partir de octubre, por lo que la situación en los juzgados va a ser peor.
Los tres juristas coincidieron en que el Poder Judicial debe reanudar actividades ya de forma segura y escalonada porque a fin de cuentas, la justicia no puede detenerse ni opera «a capricho del Tribunal», si bien reconocieron que cada parte involucrada también debe comprometerse para mejorar esta situación.