La segunda jornada de la audiencia inicial contra Fernando «N», presidente municipal de Metepec, estuvo marcada por un debate sobre el alcance probatorio de los videos que documentan los hechos ocurridos el 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción.
La segunda jornada de la audiencia inicial contra Fernando «N», presidente municipal de Metepec, estuvo marcada por un debate sobre el alcance probatorio de los videos que documentan los hechos ocurridos el 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción.
Durante varias horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la defensa del alcalde confrontaron dos posturas sobre el material audiovisual. Para el Ministerio Público, las grabaciones constituyen uno de los principales datos de prueba de la investigación. Para los abogados del edil, esos videos no son suficientes para sustentar una eventual vinculación a proceso.
Como parte de su exposición, la Fiscalía presentó cuatro grabaciones obtenidas de fuentes públicas: material difundido por AD Noticias, MM Toluca, el periodista Juan Manuel López San Martín y el video en el que el propio alcalde ofreció una disculpa pública tras lo ocurrido en el Club Deportivo La Asunción.
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la explicación de la Fiscalía sobre la ausencia de los archivos originales. El Ministerio Público informó que solicitó en dos ocasiones al Ayuntamiento de Metepec la entrega del material. El primer oficio no fue recibido porque estaba dirigido de manera incorrecta. En un segundo intento, la respuesta fue que el presidente municipal se encontraba de vacaciones, por lo que tampoco fue posible obtener las grabaciones originales. Ante ello, la Fiscalía sustentó parte de su exposición en los videos difundidos públicamente y en los dictámenes periciales incorporados a la carpeta de investigación.
La defensa, integrada por Mauricio Moreno Vargas, Arturo Germán Rangel y Jesús Moreno Balbuena, cuestionó la suficiencia de esos datos de prueba. Argumentó que las grabaciones contienen inconsistencias, que no permiten identificar plenamente a todas las personas involucradas y que, por sí mismas, no acreditan los requisitos legales para una vinculación a proceso.
Los abogados también sostuvieron que ninguna persona denunció específicamente el delito de abuso de autoridad. Recordaron que la denuncia inicial fue presentada por Paola «N», sobrina del alcalde, quien —afirmaron— únicamente narró los hechos ocurridos en el club sin realizar una clasificación jurídica de los delitos.
El debate se trasladó después al papel que desempeñó Fernando «N» durante los hechos. La Fiscalía planteó si la actuación del alcalde debía analizarse únicamente como un conflicto familiar o si, por tratarse del presidente municipal en funciones, debía valorarse bajo una perspectiva distinta por el uso de recursos públicos.
La defensa respondió que el alcalde nunca deja de ser presidente municipal, aunque insistió en que acudió al inmueble únicamente para intervenir en una disputa familiar y tratar de calmar la situación.
La participación de los escoltas municipales también ocupó parte de la audiencia. Mientras el Ministerio Público cuestionó el despliegue de elementos de seguridad pública y el uso de la fuerza, los abogados respondieron que los escoltas tienen como única función proteger la integridad física del presidente municipal. La Fiscalía replicó que, de acuerdo con los datos expuestos, no existían elementos que acreditaran una situación de riesgo que justificara el operativo.
Durante la audiencia, la defensa solicitó al juez la imposición de medidas para limitar la difusión pública del caso. La petición abrió un debate sobre el alcance de la publicidad de un proceso que involucra a un servidor público en funciones. En México, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan la libertad de expresión, el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio, además de prohibir la censura previa, salvo las responsabilidades ulteriores previstas por la ley.
Como parte de sus propios datos de prueba, la defensa presentó dos entrevistas: una realizada al propio Fernando «N» y otra a Alberto Jesús Flores Fernández, hermano del alcalde. La Fiscalía objetó esta última al considerar que presentaba irregularidades, mientras que el juez señaló que su valoración dependerá de que el entrevistado comparezca dentro del procedimiento.
La investigación deriva de los hechos ocurridos el 4 de junio, cuando Fernando «N» ingresó al Club Deportivo La Asunción acompañado por escoltas y elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Metepec. Las imágenes del operativo comenzaron a circular poco después en redes sociales y dieron origen a la carpeta de investigación.
Al concluir la audiencia, el alcalde abandonó los juzgados de Almoloya de Juárez acompañado por su equipo jurídico y sin emitir declaraciones.
El juez resolverá el 9 de julio, a las 9:30 horas, si los datos de prueba presentados por la Fiscalía son suficientes para vincular o no a proceso al presidente municipal de Metepec.
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