El caso La Asunción continúa escalando para el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández. A la investigación penal que ya derivó en la formulación de imputación por presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones, ahora se suma una investigación de oficio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), que requirió formalmente al Ayuntamiento información detallada sobre los acontecimientos registrados el pasado 4 de junio.
De acuerdo con el expediente, la Comisión investiga posibles afectaciones a derechos humanos atribuibles a autoridades municipales. La actuación del organismo resulta particularmente relevante porque la CODHEM únicamente tiene facultades para intervenir cuando existen posibles actos u omisiones de autoridades o servidores públicos, no en conflictos entre particulares.
Entre los requerimientos formulados por la Comisión se encuentra la identificación de las personas armadas que acompañaban al alcalde durante los hechos. El organismo solicitó conocer si son servidores públicos, cuál es su adscripción administrativa, qué funciones desempeñan, si cuentan con evaluaciones de control de confianza vigentes, capacitación especializada y certificaciones para desempeñar funciones de seguridad.
La CODHEM también requirió información sobre los servidores públicos que participaron o estuvieron presentes durante los acontecimientos, así como documentación relacionada con su intervención y actuación institucional.
Otro de los elementos relevantes del expediente es que la Comisión concedió un plazo legal al Ayuntamiento para responder a los requerimientos formulados y aportar la documentación correspondiente. Además, advirtió que la autoridad tiene la obligación de colaborar con la investigación y proporcionar información veraz, completa y sustentada documentalmente.
La investigación deriva de los videos difundidos públicamente sobre los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción, donde se observa la presencia del alcalde acompañado de personas armadas durante un conflicto que inicialmente fue presentado como un asunto de carácter familiar.
A este panorama se suma la imputación que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó en contra del alcalde y de dos de sus escoltas por abuso de autoridad y lesiones, proceso que podría llevar a sanciones, la inhabilitación o incluso con prisión, de acuerdo con los estatutos en el Estado de México.
La apertura del expediente agrega una nueva dimensión al caso. Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México busca determinar posibles responsabilidades penales, la Comisión de Derechos Humanos intenta establecer si durante los acontecimientos existió una actuación irregular de autoridades municipales o una eventual vulneración de derechos fundamentales derivada del ejercicio del poder público.
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En términos prácticos, la pregunta que ahora intenta responder la CODHEM ya no es únicamente qué ocurrió en La Asunción, sino cuál fue la participación de autoridades municipales, bajo qué atribuciones actuaron y si esa actuación se ajustó al marco legal y al respeto de los derechos humanos.
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