El acoso que sufrió la presidenta, Claudia Sheinbaum, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México volvió a poner frente al espejo a un país donde ser mujer sigue implicando vulnerabilidad, sin importar el cargo o el lugar. La presidenta presentó denuncia, pero millones de mujeres no pueden hacerlo: viven atrapadas entre la impunidad, el miedo y la normalización de la violencia.
En ningún sitio es más evidente esta realidad que en el Estado de México, territorio que mantiene alerta de violencia de género desde hace más de una década. Lejos de disminuir, los delitos contra mujeres han aumentado: la entidad concentra el mayor número de feminicidios del país (42 de 513, 8.2 %) y ocupa los primeros lugares en lesiones dolosas, violencia familiar y violación, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Solo entre enero y septiembre de 2025, una de cada tres agresiones físicas registradas en México ocurrió en territorio mexiquense. En violencia de género, el Estado de México concentra cuatro de cada diez denuncias, y en violación simple y equiparada, una de cada siete. Las líneas de emergencia recibieron más de 31 mil llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, de pareja o sexual.
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Detrás de estas cifras hay historias que no llegan a los tribunales ni a los medios. En municipios como Ecatepec, Chimalhuacán o Toluca, la alerta de género se ha vuelto parte del paisaje institucional: se renueva, se amplía, se anuncia una y otra vez, sin que cambien los resultados.
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El caso de la presidenta es una excepción por su visibilidad. Pero en la experiencia cotidiana de miles de mujeres del Estado de México, el acoso, las agresiones y la falta de respuesta de las autoridades son la norma. Sheinbaum lo dijo con razón: “Si no presento yo la denuncia, ¿en qué condición están todas las mujeres del país?”
Esa pregunta resume el fondo del problema: en México, la violencia contra las mujeres no distingue poder ni estatus, porque es una sociedad la que ha normalizado el peligro de ser mujer.
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