Toluca, México. 9 de abril de 2019. El impacto económico de la violencia en México es de 5.16 billones de pesos, es decir que a cada habitante le cuesta 41,181 pesos, más de cinco veces el salario mínimo.
En el Estado de México a cada habitante le cuesta 29 mil 761 pesos, anualmente, según la sexta edición del Índice de Paz México 2019. El estudio también dice que en la entidad mexiquense la tasa de crimen con armas aumentó a 4.902, en comparación con 2017.
El estudio realiza una estimación del impacto económico que tiene la violencia sobre la economía mexicana; también enfatiza en la necesidad de aumentar la capacidad y la inversión en el sistema de justicia penal. Al mostrar una evidencia cuantitativa para ayudar al desarrollo de políticas públicas orientadas a la creación de una sociedad más pacífica.
De acuerdo con dicho Índice, 2018 fue el año más violento del que se tenga registro: la tasa de homicidios aumentó 14 por ciento, en otros términos, se registraron 27 muertes por cada 100 mil habitantes. Nueve de cada diez víctimas de homicidio fueron hombres; pero también el 85 por ciento de los delitos fueron cometidos por varones. Mientras 44 por ciento de las mujeres reportó hacer sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja.
Asimismo, el 97% de los delitos que se comenten y se denuncian no se castigan, esto se deriva de que la inversión hecha por México en su sistema penal resulta todavía insuficiente. En ese sentido, en los estados se registró una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes y solo 3.5 jueces y magistrados para satisfacer las demandas jurídicas de esa misma cantidad de mexicanos (el promedio global es de 16). Este déficit se traduce en que menos casos lleguen a los tribunales y, en consecuencia, las tasa de condena son bajas.
Solo 7 por ciento de los delitos contó con una carpeta de investigación y menos del 3 por ciento obtuvieron una sentencia. Esto se debe, por un lado, a la deficiencia de personal y, por otro, a la poca confianza que la población tiene en las autoridades: casi 70 por ciento de los mexicanos considera que los jueces son corruptos y más del 65 por ciento opinaba lo mismo acerca del Ministerio Público.
Ante este panorama, una de las soluciones expresadas en el documento es que México destine una mayor inversión al sistema de justicia penal y que mejore la distribución presupuestaria para disminuir el alza de la tendencia de violencia.
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