Dulce, Fátima y “Memito” murieron bajo el cuidado de adultos de su entorno. Sus casos revelan que el maltrato infantil deja señales, pero la familia, la comunidad y las instituciones suelen reaccionar cuando ya es demasiado tarde.

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Dulce Esmeralda tenía un año y 11 meses. Fátima Escarlett, seis. Guillermo, a quien llamaban “Memito”, ocho. Los tres fueron asesinados el 11 de septiembre en el Estado de México.

Dulce y Fátima murieron dentro de su casa, en el Ejido de San Pedro, Almoloya de Juárez. “Memito” fue golpeado y estrangulado dentro de un automóvil estacionado frente a un templo cristiano en Acolman. El principal sospechoso es su padrastro.

Son hechos distintos y las investigaciones siguen abiertas. Los une algo más profundo que la fecha: los tres niños estaban bajo el cuidado de adultos de su entorno inmediato. El espacio que debía protegerlos se convirtió en el lugar del ataque.

La reacción más sencilla consiste en llamar monstruos a los responsables. La palabra expresa el horror, pero no explica nada. Los coloca fuera de la sociedad y nos permite suponer que nada tenemos que ver con ellos.

Pero no llegaron de otro mundo. Crecieron entre nosotros. Aprendieron nuestras ideas sobre autoridad, obediencia, masculinidad, castigo y propiedad. Habitaron hogares donde el golpe pudo parecer una forma de educación y donde la violencia contra la pareja se trató como un asunto privado.

La pregunta no es solamente cómo pudieron hacerlo.

La pregunta es cuántas señales aparecieron antes y por qué nadie consiguió detenerlos.

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La violencia comienza antes de la muerte

Los homicidios infantiles conmocionan porque representan el desenlace más extremo, pero la violencia contra una niña o un niño casi nunca empieza con el golpe mortal.

Antes suelen aparecer gritos, amenazas, hambre, abandono, lesiones difíciles de explicar, miedo a regresar a casa, ausencias escolares o cambios repentinos de conducta. También puede haber vecinos que escuchan, familiares que sospechan, docentes que observan y médicos que atienden heridas recurrentes.

El problema comienza cuando cada uno conoce solamente una parte y nadie integra la historia.

La escuela registra el ausentismo. El centro de salud cura una lesión. La policía atiende una discusión. El DIF recibe una queja. Los vecinos escuchan los golpes. La familia conoce al agresor. Cada institución posee un fragmento, pero el niño permanece dentro de la casa.

Después ocurre la tragedia y todos descubren que las señales siempre estuvieron allí.

La pareja convertida en autoridad

En Acolman, el probable responsable de la muerte de “Memito” es la pareja de su madre. Un patrón semejante apareció el 30 de junio en Los Reyes La Paz: un niño de cinco años murió presuntamente por los golpes de su padrastro dentro de una vivienda de San José de las Palmas. El hombre habría aprovechado la ausencia de la madre para atacarlo.

La reacción más sencilla consiste en llamar monstruos a los responsables. La palabra expresa el horror, pero no explica nada. Los coloca fuera de la sociedad y nos permite suponer que nada tenemos que ver con ellos.

No se trata de estigmatizar a las familias reconstruidas ni de suponer que toda nueva pareja representa un peligro. La mayoría no lo es. Pero cuando un adulto violento adquiere poder cotidiano sobre un niño, el riesgo aumenta si ya existen agresiones contra la madre, dependencia económica, consumo problemático de sustancias o aislamiento familiar.

Dentro de esos hogares puede formarse una jerarquía brutal: el agresor impone miedo; la pareja guarda silencio, minimiza o no encuentra cómo escapar; el niño queda en el último nivel, sin recursos para defenderse y sin autoridad para ser creído.

El alcohol y las drogas pueden acelerar un estallido, pero no explican por sí mismos el crimen. Millones de personas consumen alcohol y no asesinan. Detrás están la necesidad de dominio, la incapacidad para controlar la ira y la creencia de que el cuerpo del menor está disponible para ser castigado.

El hogar también puede esconder

Emily tenía tres años. En 2024 fue asesinada en Chalco por su madre y la pareja de esta. Después intentaron incinerar y ocultar el cuerpo. En junio de 2026 recibieron sentencias de 77 y 61 años de prisión.

El caso contiene una advertencia: la vivienda puede proteger la intimidad, pero también ocultar la violencia. Nuestra cultura ha repetido que los problemas familiares deben resolverse en familia. Esa frontera se vuelve peligrosa cuando sirve para encubrir golpes, abuso sexual, hambre o encierro.

Un niño no puede abandonar por sí mismo una casa violenta. No elige dónde dormir, de quién depende ni ante qué autoridad pedir ayuda. Su supervivencia descansa en la capacidad de otros adultos para ver, creer e intervenir.

Por eso la protección de la infancia no puede depender exclusivamente de que la víctima denuncie.

Cuando todos obedecen al delirio

Fernando tenía cinco años cuando, en mayo de 2012, su madre y otros familiares le arrancaron los ojos durante una ceremonia religiosa en Nezahualcóyotl. El niño sobrevivió. Seis adultos fueron sentenciados a 30 años de prisión por homicidio en grado de tentativa.

El caso suele recordarse como el acto inexplicable de una mujer trastornada. Sin embargo, participaron varias personas. El delirio de una encontró la obediencia de las otras.

La enfermedad mental requiere atención, pero tampoco puede emplearse como explicación universal de la violencia. La inmensa mayoría de las personas con trastornos mentales no es violenta. El riesgo crece cuando concurren delirios graves, aislamiento, fanatismo, consumo de sustancias, antecedentes de agresión y ausencia de tratamiento.

Fernando no quedó frente a una sola voluntad desquiciada. Quedó atrapado dentro de un grupo que renunció al juicio propio.

La pobreza no fabrica asesinos

En agosto de 2025, otro Fernando, de cinco años, fue sustraído en Los Reyes La Paz para presionar a su madre por una deuda de mil pesos. Días después fue encontrado muerto.

El crimen reveló un mundo de pobreza, préstamos informales, indefensión y ausencia institucional. Pero sería falso concluir que la pobreza produce asesinos. La mayoría de las familias pobres protege a sus hijos aun en condiciones extraordinariamente difíciles.

La precariedad sí puede multiplicar los riesgos: hacinamiento, estrés permanente, dependencia económica, adicciones, falta de atención psicológica y pocas alternativas para escapar de un agresor. No crea automáticamente la violencia, pero puede cerrar las salidas.

La riqueza tampoco garantiza virtud. El 1 de septiembre, una niña de tres años fue asesinada junto con sus padres y una trabajadora doméstica dentro de un penthouse en Atizapán de Zaragoza. Su hermano de seis años sobrevivió escondido. La principal hipótesis apunta a un conflicto por dinero entre adultos.

Una casa precaria, un automóvil frente a una iglesia y un penthouse terminaron convertidos en escenas criminales. La violencia cambia de domicilio, pero no reconoce clase social.

No son casos aislados

El Estado de México fue durante 2025 la entidad con más niñas y adolescentes víctimas de feminicidio. También encabezó los registros de violencia familiar, violencia física, abandono y negligencia contra menores, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México.

No estamos frente a una sucesión de anomalías. Existe un problema estructural.

La reducción de los homicidios dolosos en la entidad es real y debe reconocerse. Pero una estrategia diseñada para contener ejecuciones, ataques armados y disputas criminales no necesariamente detecta lo que ocurre detrás de una puerta cerrada.

La violencia familiar exige otra clase de inteligencia pública: información compartida, intervención temprana y servidores capaces de reconocer que una lesión infantil puede ser la primera página de una tragedia.

¿Cómo impedir otra muerte?

No existe una medida capaz de erradicar por sí sola la violencia contra la infancia. Endurecer las penas permite castigar al responsable cuando el daño ya ocurrió. La prevención comienza antes.

La Organización Mundial de la Salud propone intervenir en siete frentes: aplicación de las leyes, transformación de las normas culturales, creación de entornos seguros, apoyo a padres y cuidadores, fortalecimiento económico, servicios de atención y educación para la vida.

No estamos frente a una sucesión de anomalías. Existe un problema estructural.

En el Estado de México estas recomendaciones tendrían que convertirse en decisiones concretas.

Integrar las señales. Escuelas, centros de salud, policías, fiscalías y sistemas DIF deben compartir las alertas por lesiones recurrentes, abandono, ausentismo y violencia familiar. Un segundo reporte no puede tramitarse como si fuera el primero.

Visitar los hogares. Cuando existan indicios graves, la autoridad debe conocer las condiciones en las que vive el menor. La protección no puede agotarse en citar a los adultos a una oficina.

Proteger a los hijos de mujeres violentadas. Cada denuncia por violencia de pareja tendría que incluir una valoración inmediata del riesgo que enfrentan las niñas y los niños de esa familia.

Capacitar a quienes conviven con la infancia. Maestros, médicos, enfermeras y policías necesitan protocolos sencillos para identificar lesiones, miedo, desnutrición, abuso sexual y aislamiento.

Ofrecer una salida material. Muchas mujeres permanecen junto al agresor porque no tienen ingresos, vivienda ni una red de apoyo. Sin refugios, asesoría y autonomía económica, la recomendación de “dejarlo” es apenas una frase.

Atender la salud mental y las adicciones. No mediante campañas decorativas, sino con servicios accesibles, seguimiento e intervención ante episodios psicóticos, amenazas o agresiones.

Revisar cada homicidio infantil. Después de una muerte debe investigarse qué instituciones tuvieron contacto previo con la familia, qué señales recibieron, qué hicieron y qué omitieron. No para simular una cacería administrativa, sino para impedir que el patrón se repita.

La responsabilidad de los demás

La protección de un niño no pertenece únicamente a su familia. También compromete a la escuela, al médico, a la autoridad y a la comunidad.

Denunciar no significa destruir un hogar. En ocasiones significa impedir que el hogar destruya a uno de sus integrantes.

No todos los homicidios infantiles pueden anticiparse. Muchos casos de maltrato, en cambio, sí pueden detectarse. Entre la primera señal y la muerte existe un tiempo en el que alguien puede preguntar, escuchar, denunciar o intervenir.

Dulce, Fátima y “Memito” no necesitan que la sociedad contemple horrorizada el lugar donde murieron. Necesitan que mire alrededor y reconozca a los niños que todavía pueden ser salvados.

La conciencia comienza allí: cuando dejamos de preguntar cómo pudo ocurrir y comenzamos a preguntarnos qué debemos hacer para que no vuelva a suceder.