El IMSS-Bienestar anunció su recuperación dentro del programa federal de 120 días. El compromiso es comenzar la intervención, no inaugurar el hospital. Expediente AD reconstruye trece años de contratos, tres constructoras y la obra que no consiguió sustituir al hospital cerrado desde 2017.

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TLALNEPANTLA, Estado de México.— El nuevo Hospital Valle Ceylán debía estar terminado en 2015. No lo estuvo. Dos años después, el terremoto obligó a cerrar el viejo hospital al que debía sustituir. La población se quedó sin uno y sin otro. Pasaron nueve años, dos gobiernos estatales y una sucesión de anuncios. Este miércoles 11 de noviembre, el gobierno federal volvió a ponerle fecha al rescate: 120 días para comenzar las intervenciones. No para abrir las puertas a los pacientes.

El compromiso lo presentó Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Valle Ceylán quedó incluido entre cinco proyectos hospitalarios del programa de 12 acciones en 120 días. El anuncio es oficial, pero no establece una fecha para que el establecimiento reciba pacientes.

La diferencia entre comenzar y terminar tiene especial significado en Tlalnepantla. El hospital sustituto fue contratado durante el gobierno de Eruviel Ávila, atravesó el sexenio de Alfredo del Mazo sin concluirse y acumuló contratos por aproximadamente 404 millones de pesos. Tres constructoras participaron en las etapas identificadas; dos de ellas tenían vínculos empresariales. Ninguna de esas etapas consiguió convertir el edificio en un hospital en funcionamiento.

Un hospital enfermo desde antes del sismo

El Hospital General Valle Ceylán abrió en noviembre de 1972. Durante décadas atendió a población sin seguridad social de Tlalnepantla, Tultitlán y otros municipios del norte del Valle de México. En 2008, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) ya tenía documentado su deterioro: filtraciones, inundaciones en áreas de cimentación, instalaciones hidráulicas y eléctricas en malas condiciones, elevadores defectuosos y fracturas en elementos constructivos.

En enero de 2012, el ISEM concluyó que el inmueble había superado su vida útil recomendada y propuso sustituirlo. El proyecto identificaba una población objetivo de 546 mil 256 habitantes sin seguridad social. El hospital tenía 110 camas censables y cuatro quirófanos, aunque parte de sus instalaciones había dejado de utilizarse. La necesidad de construir otro hospital estaba acreditada antes del terremoto. El gobierno conocía el problema y había diagnosticado sus consecuencias. Lo que falló fue la ejecución.

El primer contrato: 142 millones y una fecha incumplida

Durante el gobierno de Eruviel Ávila, el ISEM contrató a Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI). El contrato ISEM-LP-FPP-DA-SIS-OP-062/13 ascendió a 142 millones 454 mil pesos y fijó como fecha prevista de terminación el 22 de agosto de 2015. La inversión global estimada para el proyecto superaba los 556 millones de pesos.

PRODI estaba vinculada con José Miguel Bejos, empresario relacionado con Mota-Engil México y cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, según la investigación de Animal Político basada en solicitudes de transparencia. Esa cercanía no demuestra por sí misma una adjudicación irregular. Lo verificable es que el plazo venció sin que el hospital estuviera concluido. Los documentos disponibles no permiten establecer todavía qué sanciones se aplicaron, quién las autorizó ni cómo se liquidaron las obligaciones de aquella etapa.

Tres constructoras, una misma obra inconclusa

En diciembre de 2015, el ISEM contrató a Grupo Constructor D Siete por 131 millones 907 mil pesos para continuar los trabajos. En 2017 llegó Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario, con un contrato por 129 millones 949 mil 126 pesos. La Cuenta Pública de 2018 identifica a Ulsa como responsable de trabajos eléctricos, sanitarios, acabados, obra exterior y barda perimetral, con ejecución programada del 2 de mayo de 2017 al 28 de junio de 2018.

Las tres contrataciones suman aproximadamente 404 millones de pesos. Son montos comprometidos mediante contratos, no necesariamente dinero pagado ni una pérdida patrimonial acreditada. Parte de la infraestructura construida podría conservar valor aprovechable. La investigación de Animal Político encontró que Alberto Mejía Escobar y José Luis Mejía Escobar figuraban vinculados a Ulsa y Grupo Constructor D Siete. La relación merece revisar la competencia y las decisiones de adjudicación, pero no acredita por sí sola una conducta ilícita.

El terremoto encontró al nuevo hospital sin terminar

El 19 de septiembre de 2017, el terremoto obligó a evacuar a los pacientes del antiguo Valle Ceylán. Las autoridades determinaron que no podía seguir operando con seguridad. Alfredo del Mazo había asumido la gubernatura unos días antes: recibió un hospital antiguo fuera de servicio y un sustituto inconcluso. El sismo explica el cierre del primero; no explica el retraso del segundo, cuya fecha original de entrega había vencido dos años antes.

En noviembre de 2017, Gabriel O’Shea Cuevas, entonces secretario de Salud, anunció que la nueva unidad estaría terminada en cinco meses y calculó que se requerían aproximadamente 280 millones de pesos adicionales. Tampoco se cumplió ese plazo. El sexenio de Del Mazo terminó sin que el hospital sustituto recibiera pacientes.

La explicación oficial: no había dinero para continuar

La Cuenta Pública de 2018 registró que los trabajos del contrato de Ulsa presentaban un avance físico de 51.30% al cierre de ese año, con un ejercicio de 16 millones 296 mil 945 pesos durante el periodo. El porcentaje corresponde a esa etapa, no al conjunto del hospital. En 2020, el ISEM informó que el proyecto general estaba en la tercera de cuatro etapas, con avance aproximado de 65%, y que carecía de suficiencia presupuestal autorizada para continuar.

La explicación administrativa fue la falta de recursos. Pero quedan preguntas: ¿por qué se contrataron etapas sucesivas sin asegurar la terminación? ¿Qué obligaciones se cumplieron y cuáles no? ¿Hubo penalizaciones, rescisión o ejecución de garantías? Para responder se necesitan los instrumentos íntegros, convenios modificatorios, estimaciones de obra, pagos y resoluciones.

Los pagos continuaron durante el abandono

En octubre de 2023, Animal Político documentó que el ISEM mantenía registros de pagos relacionados con hospitales inconclusos. En Valle Ceylán, los registros examinados sumaban aproximadamente 266 millones de pesos hasta 2022. También identificó anticipos por alrededor de 29.9 millones de pesos a Ulsa en 2017. Representantes de constructoras atribuyeron retrasos de diversas obras a incumplimientos de pago del gobierno estatal. Esa versión debe contrastarse con contratos, estimaciones y avances certificados.

Los registros no prueban un desvío de recursos. Sí muestran que el proyecto continuó generando movimientos financieros sin convertirse en un hospital terminado. En 2020, el Órgano Interno de Control del ISEM no encontró elementos suficientes para atribuir a Gabriel O’Shea una falta administrativa por el cierre del edificio antiguo, al considerar que existían riesgos estructurales. La resolución no fue una auditoría integral de los contratos del sustituto.

El daño que no aparece en las cuentas públicas

El cierre obligó a redistribuir pacientes entre otros establecimientos. Para las familias, perder un hospital cercano puede significar viajes más largos, mayores gastos y dificultades para recibir consultas, estudios o tratamientos. Reportajes publicados en 2025 y septiembre de 2026 recogieron testimonios de vecinos que debían trasladarse a otras unidades y documentaron el deterioro de las instalaciones. No existe en los documentos examinados una estimación integral de las consultas perdidas, los gastos familiares adicionales o las consecuencias clínicas atribuibles directamente al cierre.

Tampoco está establecido públicamente el costo definitivo del deterioro de la obra inconclusa. El perjuicio exige investigar por separado el dinero que no produjo los servicios previstos y el efecto de perder una unidad hospitalaria de referencia durante años.

Delfina Gómez y la recuperación federal

Delfina Gómez recibió en 2023 un proyecto que llevaba una década sin concluirse. La recuperación se incorporó al Plan Integral del Oriente del Estado de México impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. En julio de 2025, el Ayuntamiento de Tlalnepantla, encabezado por Raciel Pérez Cruz, anunció un proyecto de recuperación mediante IMSS-Bienestar con una inversión superior a mil 758 millones de pesos. En enero de 2026, la Presidencia volvió a incluir al hospital entre las intervenciones previstas para la región.

En mayo, el gobierno estatal y el IMSS-Bienestar formalizaron la donación del inmueble y anunciaron una inversión de mil 380 millones de pesos. El proyecto contempla 110 camas censables, 131 no censables, cinco quirófanos, 20 especialidades y una unidad renal con 18 sillones de hemodiálisis. Los montos de 2025 y 2026 no deben sumarse como inversiones independientes: es necesario conocer sus alcances técnicos y el presupuesto definitivo.

Los 120 días no son para inaugurar

El 11 de noviembre, Alejandro Svarch presentó el programa de 12 acciones en 120 días. Entre sus compromisos figura iniciar cinco proyectos hospitalarios, incluido Ceylán. No anunció que la unidad de Tlalnepantla estaría funcionando al terminar ese plazo. Empezar una intervención no equivale a concluirla; y terminar el edificio tampoco basta para abrir un hospital. Se necesitan equipamiento, personal, medicamentos, servicios auxiliares y recursos de operación.

El anuncio tiene valor porque incorpora el proyecto a un programa federal con un compromiso público verificable. El siguiente paso será conocer el proyecto ejecutivo, el calendario completo, las contrataciones y la fecha prevista para atender al primer paciente.

El rescate no cancela las cuentas pendientes

Eruviel Ávila gobernaba cuando se contrataron las primeras etapas y venció el plazo original. Alfredo del Mazo heredó la construcción inconclusa, prometió reactivarla y terminó su sexenio sin ponerla en servicio. Delfina Gómez participó en la transferencia institucional al IMSS-Bienestar. La secuencia establece responsabilidades de gobierno diferenciadas; las administrativas o jurídicas individuales exigen examinar firmas, supervisiones, pagos y resoluciones.

El gobierno federal tiene ahora la oportunidad de recuperar infraestructura necesaria para el norte del Valle de México. También deberá explicar qué parte de lo construido puede aprovecharse y cuánto costará terminar lo que comenzó hace trece años. El hospital que debía sustituir al viejo nunca abrió. El antiguo cerró hace nueve años. Ceylán vuelve a tener un plazo para empezar. Todavía le falta uno para funcionar.

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Archivo de imágenes y documentación

FOTOGRAFÍAS DOCUMENTALES LOCALIZADAS (NO INCORPORADAS): Milenio, 4 de julio de 2025, imagen del edificio rodeado de maleza; Heraldo Estado de México, 16 de julio de 2025, acceso cerrado y letrero del ISEM; La Prensa, 2024, fachada de obra inconclusa. Sus originales no estuvieron disponibles para descarga en esta sesión. Las imágenes del documento son láminas editoriales y están identificadas como tales.

Fuentes principales: Cuenta Pública del Estado de México 2018, volumen 8; investigaciones de Animal Político sobre las empresas y pagos; comunicaciones oficiales del Gobierno del Estado de México, Ayuntamiento de Tlalnepantla, Presidencia e IMSS-Bienestar; reportes de El Universal, Milenio y La Jornada. Los datos de contratos se presentan como montos comprometidos, no como daño patrimonial probado.

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS: https://www.milenio.com/politica/comunidad/anuncian-inversion-para-recuperar-el-hospital-ceylan-en-tlalnepantla  |  https://estadodemexico.heraldodemexico.com.mx/municipios/2025/7/16/hospital-ceylan-en-tlalnepantla-podria-empezar-operar-este-mismo-ano-6547.html

DOCUMENTO PÚBLICO: https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rendicion-cuentas/cuenta-publica-2018/volumenes_1-10/Vol-8.pdf