Nietzsche aseguraba que “nuestros derechos son aquella parte de nuestro poder que los otros nos han reconocido y quieren que conservemos”. Se refiere a que, en cualquier grupo humano, independientemente de su tamaño y composición, los individuos tienden a entablar relaciones de poder y a generar acuerdos de convivencia; es entonces que se generan marcos normativos que consignan derechos y obligaciones para los participantes. Quien ostenta la mejor posición a la hora de emitir normas será quien reserve para sí las condiciones para el ejercicio del poder, pero en la medida que reconozcan en los otros algún tipo de poder, les concederá derechos.
Los derechos pueden ser vistos, entonces, como la posibilidad de ejercer algún tipo de poder dentro de la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, si la Constitución nos reconoce el derecho a la educación, eso significa que podemos (entiéndase “tenemos el Poder”) instruir nuestro ser para atisbar mejores horizontes en la vida. Tener mejores relaciones y desarrollar nuestras capacidades y habilidades.
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Pero ese poder existirá, solo en la medida que lo ejercemos. Si no busco y accedo a la educación, no ejerzo ese derecho, no despliego esa parte de poder que me fue reconocida. Y que conservo por mandato constitucional, estoy dejando el mencionado derecho en potencia, nunca lo llevo a la acción.
Uno de los poderes que el Estado moderno reconoce a sus ciudadanos es el de elegir colectivamente a sus gobernantes y a sus representantes. Votar periódicamente para renovar a los titulares de los poderes estatales es ya algo normal en gran parte del mundo. Quien resulta electo funda la legitimidad de su posición en el voto ciudadano. Empero, sabemos que cuando se fundó este tipo de organización estatal no todas las personas contaban con el derecho a votar. En otras palabras, no se había reconocido a todos el poder de designar, a través de su participación, a quien se convertiría en gobernante, legislador o juez.
Voto de las mujeres y los jóvenes
Solo de manera más o menos reciente las mujeres, los jóvenes y otras minorías pudieron participar en los comicios. Inclusive hoy en día siguen existiendo países en donde a las mujeres se les mantiene al margen de este tipo de derechos. No se les ha reconocido el poder de decidir quién gobierna.
En México, no hace muchas décadas, cuando se reconoció a las mujeres el derecho a votar o cuando se disminuyó la edad para sufragar fijándola en 18 años, muchas voces se alzaron para cuestionar si ellas y ellos estaban aptos para ejercer ese poder reconocido en forma de derecho. Se decía, por ejemplo, que no estaban informados o que sus decisiones serían poco racionales.
De hecho, en las primeras elecciones en las que se les permitió participar, su presencia fue más bien baja. Ninguno de esos “argumentos” que cuestionaban su derecho al voto logró dar marcha atrás al poder que les había sido reconocido en la Constitución. Actualmente las mujeres y los jóvenes conforman el grueso del padrón electoral en el país.
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Hoy estamos viviendo en México algo muy similar. Hace algunos meses se reconoció a todos los ciudadanos el poder de elegir a los impartidores de justicia. El próximo fin de semana, el domingo 1 de junio, todos contaremos con la posibilidad de ejercer este nuevo derecho. Desde muchos frentes (sobre todo entre la oposición al actual gobierno) se han levantado voces para señalar que lo mejor es no acudir a las urnas. Igualmente, se dice que la gente no está informada. Que elegirá a ciegas o influida maliciosamente, que la Reforma Judicial es una trampa autoritaria y un sinfín de cosas por el estilo.
Hemos dicho que los derechos son poderes que se nos han reconocido, pero solamente existen en la medida que se ejercen. Ese es el caso de la elección del 1 de junio. La elección de integrantes del Poder Judicial ya está en la Constitución, el artículo 96 dice: “Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía«.
Es, ya en este momento, un poder que se reconoce a la ciudadanía mexicana. Sabemos que no todas las personas ejercen los derechos que se le reconocen. Por apatía, por desconocimiento o por lo que sea, millones de personas nunca salen a votar; renuncia a ejercer el poder que se les ha conferido.
Salir a votar el domingo
Sin importar el número de votantes que salgan el domingo, los nuevos Ministros, Magistardos y Jueces serán electos. Entrarán en funciones en cuestión de meses y tendremos un proceso de transformación del Poder Judicial. Muy seguramente, por ser la primera ocasión en que se realiza este ejercicio, el resultado no será ideal. Habrá quien lo siga criticando, quien señale a alguien que fue electo y que no es de su agrado, o diga que todo fue amañado, pero el derecho ya reconocido al ciudadano no tendrá marcha atrás. El principio de progresividad de los derechos lo impediría.
Desde luego, ejercer este poder implica una responsabilidad. Quienes acudiremos a las urnas debemos saber que nuestro voto se sumará al de miles más para darle a alguien el cargo de Ministro, Magistrado o Juez y eso no es cosa menor. Como ciudadanos nos obliga a buscar información, a formar nuestro criterio y, con base en él, emitir el sufragio. Nadie dijo que vivir en democracia fuera como un día de campo. Más bien se trata de un sistema de gobierno en el que los ciudadanos son responsables de darse a sí mismo buenos gobiernos para el beneficio de todos. Dejar que otros decidan por mí siempre será una opción para miles. No para mí. Yo sí saldré a votar el 1 de junio, porque asumo que se me reconoce el poder de influir en quienes imparten justicia y voy a ejercerlo con la responsabilidad que implica.
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