El 1 de junio de 2025 no será recordado por sus cifras espectaculares, sino por su carácter simbólico. Por primera vez en la historia del país, las y los ciudadanos eligieron de forma directa a quienes integrarán el Poder Judicial: jueces, magistrados y ministros. Y aunque la participación ciudadana fue baja —entre el 12.57% y el 13.32% a nivel nacional, según el INE—, en el Estado de México votaron aproximadamente 1.5 millones de personas. Lejos de ser un fracaso, esta cifra representa un quiebre: un acto inédito de apropiación ciudadana sobre uno de los poderes más lejanos y elitistas del sistema político.
La cifra es aún más reveladora cuando se compara con otras elecciones. Ningún diputado del Estado de México ha recibido nunca tantos votos como los emitidos el domingo para elegir jueces. Ni siquiera en sus mejores jornadas, los representantes legislativos lograron movilizar a tantos votantes como esta elección judicial. Si el voto es una forma de tocar el poder, el 1 de junio se convirtió en el primer roce entre el pueblo y los jueces. Y aunque fue tenue, podría convertirse en puño.
El sistema que empieza a resquebrajarse
Durante décadas, el Poder Judicial operó bajo una lógica de cúpulas. Los magistrados eran nombrados por el Ejecutivo, ratificados por legisladores subordinados y mantenidos en el cargo por años sin rendición de cuentas. Las decisiones que tomaban —sobre la libertad, la tierra, la corrupción o la violencia— se dictaban muchas veces de espaldas a la ciudadanía. El poder, literalmente, estaba en otras manos.
La elección judicial de 2025 no resolvió ese problema, pero lo evidenció. Más aún: lo rompió. El simple hecho de que los nombres de jueces aparecieran en una boleta cambió la conversación pública. Por unos días, los mexicanos dejaron de hablar de partidos y comenzaron a preguntarse quién vigila la justicia. Por primera vez, la respuesta no fue “el poder”, sino “nosotros”.
Un voto que vale más que su porcentaje
Los críticos han enfatizado la baja participación para cuestionar la legitimidad del proceso. Y es cierto: hubo desinformación, pedagogía deficiente y boletas poco comprensibles. Pero los 1.5 millones de personas que votaron en el Estado de México no lo hicieron en automático. Lo hicieron a contracorriente. Eligieron en un contexto de dudas, vacíos institucionales y campañas confusas. Y eligieron a pesar de todo.
En ese sentido, el voto del 1 de junio pesa más que su porcentaje. Porque fue un voto político, pero también existencial: un voto que reconoce que la justicia no puede seguir siendo patrimonio de unos cuantos. Que quienes imparten justicia deben, al menos, rendir cuentas ante el pueblo. No es el final. Es apenas el comienzo.
El reto de construir justicia desde abajo
La elección judicial también puso en evidencia una paradoja: aunque el pueblo ahora puede elegir a sus jueces, aún no tiene las herramientas para evaluar su desempeño. La mayoría de las personas no conocía los perfiles, propuestas o trayectorias de quienes estaban en la boleta. Se votó en la penumbra.
Esa es una deuda institucional que no puede repetirse. Si se quiere sostener el modelo de elección directa, debe acompañarse de campañas claras, debates abiertos, monitoreo ciudadano y mecanismos de remoción en caso de falta de probidad. La justicia no puede seguir siendo un terreno técnico reservado a abogados. Es, ante todo, un asunto público.
Una grieta en el viejo régimen
Que este modelo judicial tenga enemigos no es una sorpresa. Quienes siempre decidieron desde arriba ven en esta elección un peligro. Porque lo es. No por sus resultados inmediatos, sino por lo que significa: que la justicia ya no se decide entre burócratas, sino en las urnas. Que el Estado puede empezar a parecerse a su gente. Que el silencio judicial ya tiene interferencias.
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