¿Y si el crimen no sólo infiltró al Estado, sino que lo sustituyó?

Dudar también es una forma de resistencia. En tiempos donde todo parece moverse —menos la verdad—, el cuestionamiento es el único acto que no han logrado capturar. Esta entrega recorre cinco puntos cardinales del desorden mexiquense: desde la captura criminal del Estado hasta la captura simbólica de la universidad pública. Nada está resuelto. Todo está en juego.

I. ¿Y si el crimen no sólo infiltró al Estado, sino que lo sustituyó?

La captura criminal del Estado no siempre ocurre con balazos ni amenazas. A veces se firma con sellos oficiales, se maquilla con licitaciones y se consuma en silencio, con votos y simulaciones. Ixtlahuaca no es una anomalía: es la expresión más visible de una ecuación donde la gobernabilidad se terceriza a estructuras ilegales que ofrecen orden, poder y dinero, allí donde el Estado legal ya no compite.

a) ¿Qué tipo de conocimiento es el que opera el crimen organizado: uno técnico, uno social o uno político? ¿Y por qué parece más eficaz que el de los gobiernos municipales?
b) ¿En qué momento la violencia se convirtió en un lenguaje de gobernanza paralelo? ¿Qué teorías sociales permiten comprender esa hegemonía del miedo?
c) ¿Puede hablarse todavía de “Estado fallido” si el crimen cumple funciones que el Estado abandonó hace años? ¿O más bien estamos ante un nuevo orden híbrido que nadie se atreve a nombrar?
d) ¿Qué racionalidad domina la mente de un alcalde que pacta con criminales: la sobrevivencia, la avaricia, el cálculo estratégico o la certeza de impunidad?
e) ¿Y si el crimen no sólo “juega” mejor, sino que entendió antes que nadie la teoría de juegos? ¿Sabía que el Estado siempre coopera, aunque diga lo contrario?

Moraleja:
El crimen organizado no sólo toma plazas: toma decisiones. Y si el Estado no lo enfrenta con inteligencia estructural, será inevitable que el poder real siga pasando de las urnas… al cañón de la lógica criminal.

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II. ¿Cómo se convierte un megaproyecto en monumento a la corrupción?

En un giro revelador, Enrique Peña Nieto reaparece en el documental “Texcoco. La decisión del presidente” (CEEY) para defender el NAIM. La obra, cancelada por López Obrador, fue denunciada como emblema de corrupción: contratos inflados, adjudicaciones dirigidas, triangulación de recursos. Pero el retorno mediático de Peña podría no ser inocente: quizá se siente vulnerable. El entramado judicial que lo protegía se desmorona. Y Texcoco no es legado: es evidencia.

a) ¿Cómo se sostiene la narrativa de “sin evidencia probada de corrupción”, cuando los contratos y las investigaciones apuntan a tramas estructuradas desde la Presidencia?
b) ¿El documental intenta restaurar autoridad moral, o prevenir un eventual proceso penal ahora que las condiciones judiciales ya no le son favorables?
c) ¿En qué momento un documental deja de ser memoria y se convierte en estrategia de defensa política?
d) ¿Qué papel juega el miedo en la reaparición de Peña Nieto: el miedo a ser juzgado, a ser olvidado o a que Texcoco quede inscrito como sinónimo de saqueo?
e) ¿Puede el expresidente intuir que su obra, al ser destruida físicamente y repudiada socialmente, será el escenario ideal para un juicio simbólico… o real?

Moraleja:
Quien defiende un monumento caído no siempre lo hace por convicción arquitectónica. A veces lo hace por miedo.

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III. ¿Es hora de desmontar el modelo PPS que enriqueció a unos pocos y empobreció al Estado?

Durante más de una década, el gobierno estatal pagó más de 9 000 millones de pesos a Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y a Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa, por el mantenimiento de vialidades que nunca mejoraron. El contrato, bajo esquema PPS, es apenas uno de muchos. La cancelación reciente por parte del gobierno de Delfina Gómez abre una puerta: ¿y si ahora sí se cuestiona el modelo que disfrazó de modernización lo que era simple expoliación?

a) ¿Cuánto dinero se ha fugado del erario estatal a través de contratos PPS disfrazados de modernidad?
b) ¿Por qué los gobiernos anteriores toleraron que empresas como Prodemex cobraran hasta tres veces el valor real?
c) ¿Cuántos empresarios han amasado fortunas entregando servicios mediocres bajo el amparo de estos contratos?
d) ¿Tiene el gobierno actual la capacidad de desmantelar este modelo sin ser frenado por chantajes o amparos?
e) ¿No sería este el momento histórico ideal para revisar todos los PPS vigentes y, en su caso, cancelarlos?

Moraleja:
Los PPS fueron el mecanismo elegante del saqueo. Cancelar uno no basta. Lo que se requiere es rescatar el control público sobre lo que jamás debió ser privatizado.

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IV. ¿Qué flancos abre Daniel Sibaja con el Viaducto Bicentenario?

Paulo Díez Gargari volvió a señalar: la explotación del Viaducto Bicentenario por parte de Aleatica es ilegal, fraudulenta y contraria al interés nacional. Pero lo que más sorprende no es la denuncia, sino el giro: Daniel Sibaja, actual secretario de Movilidad, quien como diputado exigía revisión, ahora posa sonriente con los empresarios. ¿Qué cambió? ¿El marco legal, la postura política… o los intereses?

a) ¿En qué momento Sibaja pasó de acusador a legitimador de una concesión opaca?
b) ¿Se trata de una defensa técnica o de evitar un conflicto económico que costaría miles de millones?
c) ¿Puede un secretario tolerar peajes injustos derivados de una concesión no autorizada y seguir hablando de transformación?
d) ¿Qué ganancias se esconden detrás de esa continuidad? ¿Quién gana con la pasividad institucional?
e) ¿Este flanco legal será un frente de control político, donde se blinda a la empresa en nombre de una movilidad simulada?

Moraleja:
Cuando un funcionario cambia de rol, no siempre cambia de principios: a veces los abandona. Lo que se juega en el Viaducto no es movilidad: es poder.

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V. ¿Qué se negocia en una universidad cuando ya no se discute lo esencial?

El conflicto en la UAEMéx perdió foco. La sociedad dejó de hablar, los actores bajaron el volumen, y el poder reacomodó las piezas. No hubo resolución: hubo silencio. Si pensamos la disputa como un juego estratégico, el empate es funcional… para algunos. ¿Pero qué se negoció en el intermedio? ¿Y quién decide que ya no es importante?

a) ¿Qué se gana posponiendo indefinidamente una solución: tiempo, control, desgaste?
b) ¿Por qué la sociedad se desentiende de una universidad pública capturada?
c) ¿El silencio oficial es omisión, estrategia o resignación?
d) ¿Desde cuándo importa más gestionar la percepción que transformar la institución?
e) ¿Quién gana y quién pierde con este empate táctico?

Moraleja:
La UAEMéx no se resolvió: se anestesió. Y el riesgo es que la universidad se convierta en lo que ya temíamos: un órgano funcional al poder… y ajeno al conocimiento.

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No hay columna final sin una duda persistente: ¿quién tiene miedo a que se hagan las preguntas correctas? Dudar no es atacar, es exigir claridad. Porque mientras se callen las preguntas, los de siempre seguirán dándose las respuestas… y el presupuesto.