La elección de Ecatepec y el respaldo del magisterio no son anecdóticos: marcan la estrategia de una ministra que busca legitimidad popular para llegar a la cima del Poder Judicial.
Yasmín Esquivel no solo dio el banderazo a su aspiración por presidir la Suprema Corte. Hizo algo más: envió un mensaje político desde el corazón electoral del país, rodeada de una de las estructuras más poderosas del México contemporáneo: el magisterio.
Ecatepec no fue una casualidad. Con más de 1.5 millones de personas registradas en el padrón electoral, es el municipio con más votantes del país. Pero además, es un territorio históricamente castigado por el abandono institucional, con carencias estructurales que van desde la inseguridad hasta la falta de agua potable. Un lugar donde el discurso de justicia social no solo emociona: se exige.
Desde ese escenario, Esquivel apeló al lenguaje del obradorismo: denunció la élite judicial, habló de democratizar sentencias, de limpiar la corrupción y de poner la justicia al servicio del pueblo. Fue, en fondo y forma, una puesta en escena del relato de la 4T trasladado al terreno judicial.
Pero el acto también reveló otra dimensión: la activación del Estado de México como actor estratégico en la disputa por el Poder Judicial. El Edomex, gobernado por la maestra Delfina Gómez, no solo es la entidad más poblada del país. Es también un territorio donde el SNTE mantiene una fuerza territorial y electoral viva. El respaldo sindical a Esquivel conecta simbólicamente con la figura de Gómez, pero también con el capital político acumulado por el magisterio tras años de disciplina y estructura.
Mientras la ministra intenta desmarcarse del escándalo por el plagio de sus tesis, su estrategia parece apostar por algo más poderoso que la defensa académica: la legitimación territorial. Construir una candidatura desde las bases, desde los sindicatos, desde el electorado más numeroso y vulnerable.
En esa jugada, Esquivel no solo se proyecta como aspirante a la presidencia de la Corte. Se presenta como la figura que puede traducir los valores del obradorismo al Poder Judicial. Su reto no es solo técnico o institucional, es político: convencer al país de que el pueblo también puede llegar a lo más alto de la justicia.
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