Toluca, México; 30 de enero de 2019. Ante la denuncia presentada por el abogado Gerardo Ocampo Rosales contra Fernando Zamora y Luis Miranda Nava, por su supuesta participación en protección de bandas dedicadas al huachicol y su relación con la compra ilegal de combustible, respectivamente, ninguno de los dos ha respondido.
Ambas acusaciones no son recientes, el caso de Luis Miranda se registró en septiembre de 2017, incluso, hubo peticiones para la investigación como del secretario electoral del PRD, Octavio Martínez Vargas, quien exhortó a la PGR, a la Secretaría de Energía, de la Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito Público, y Pemex, a investigar las redes de corrupción y complicidad que pudiera existir con el cuñado o familiares de Luis Miranda.
El caso de Zamora se registra en algunos medios locales a través del testimonio de algunos habitantes, quienes señalaron que las autoridades hacían caso omiso de la existencia de tomas clandestinas en San Cristóbal Huichochitlán; delegación e la que el ex alcalde es originario y cuyos habitantes han sufrido no sólo la escasez de servicios sino las complicaciones que las tomas clandestinas generaron en más de 70 pozos de agua.
El problema principal es que estas acusaciones se han mantenido en el ámbito de la suposición y la denuncia del abogado Gerardo Ocampo, sino que se presentaría en las mismas condiciones y señalaría como testimonios para iniciar la indagatoria las notas periodísticas revelando la venta de combustible de origen ilícito en una estación de servicio propiedad de Ricardo Víctor mercado Galán y María del Carmen Miranda Nava.
Las notas periodísticas son testimonios auxiliares que no constituyen, por sí mismas, plena prueba de la situación, no determinan la responsabilidad legal de las personas naturales y jurídica sin embargo, será atribución del Ministerio Público determinarlo ya que se ha abierto la carpeta de investigación, que es el primer paso de un proceso que pudiera culminar en castigo, si se comprobara, que son culpables.