De entre el cúmulo de propuestas que el nuevo gobierno se propone desarrollar a partir del 1 de diciembre, cuando se dé el relevo en el Ejecutivo Federal, destaca una en materia educativa: abrir 100 universidades públicas a los largo de todo el país. Lo que se sabe hasta ahora de esta propuesta es que las mismas se ubiquen en lugares donde no se cuente con oferta educativa de nivel superior o que sólo haya opciones en planteles de paga. La idea del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador es que este programa educativo permita atender a unos 130 mil jóvenes y que se brindaría “educación gratuita y de calidad”.
Tal proyecto tiene que analizarse con detenimiento, pero me permito señalar sólo algunos puntos que serían materia de dicho análisis. El primero es si se puede hablar de universidades o no. Ahí hay un tema, pues aunque en México no hay unanimidad en la manera como deben clasificarse las Instituciones de Educación Superior (IES), tradicionalmente se considera que las universidades son instituciones que cumplen tres labores sustantivas: docencia, investigación, transferencia y difusión del conocimiento. Es verdad que en nuestro país hay cientos de lugares -sobre todo particulares- que se autonombran universidad o llevan en su razón social el término universitario, pero sólo cumplen la función de la docencia al nivel de licenciatura o técnico universitario.
La SEP define a una IES como “un organismo o estructura que desempeña labores de docencia, investigación y difusión con el fin de formar profesionistas en las diferentes ramas del conocimiento y preservar, crear y transmitir los bienes de la cultura en relación con el interés social […] Las instituciones pueden ser públicas o privadas, autónomas, federales o estatales, según el tipo de ingresos de que dispongan o su afinidad con los sistemas del Estado”.
¿Las instituciones que sólo cumplen una función docente de pregrado, que no tienen funciones de investigación, que sólo ofrecen unos cuantos programas educativos y que cuentan con matrículas reducidas, pueden considerarse universidades? Con fines promocionales suelen hacerlo, con fines administrativos quizá no tanto y para fines académicos difícilmente. Si la propuesta es crear universidades, hay que ver a detalle el alcance y funciones que tendrían; sobre todo porque se requeriría de gran inversión para permitir que en ellas no sólo se cumpla la función de la docencia y a nivel de pregrado. Escalar al posgrado no es algo que ahora parezca alcanzable, en el mediano plazo por lo menos.
Otro tema está en lo que encierra la idea de que sean universidades las que se abran y no Tecnológicos, como era una tendencia de política pública hacia finales del siglo pasado. La idea de la universidad lleva implícito algo distinto de la mera capacitación para el trabajo. La vida universitaria es algo que no tiene lugar en todos los lugares que pudieran pensarse como IES, porque implica reflexión, discusión, deliberación, diálogo, creación a partir del conocimiento. Para ello se requieren no sólo condiciones materiales sino iniciativa para la vida académica. Si va por ese lado la propuesta sería algo extraordinario, pero si no podría resultar una entelequia.
Un punto más tiene que ver con lo que de esta propuesta opine la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), instancia que por décadas ha aglutinado a las instituciones más serias, de mayor prestigio –públicas y privadas- y que es un actor protagónico en materia de Educación Superior. Ellos tienen diversos estudios diagnósticos y prospectivos de la problemática en la materia. ¿Habrán sido fuente de consulta para la propuesta? La Anuies actualmente reporta tener 191 IES afiliadas. ¿Estarían dispuestos a incluir a alguna de las nuevas que se formen o la instancia coordinadora de las 100? Ellas tienen un estatuto con requisitos para admitir a alguien ¿Cumplirán esos requerimientos las 100 nuevas universidades?
Un tema más es en cuanto al número. Hablar de 100 universidades suena a “mucho”, pero ¿en realidad esa cantidad de instituciones y que atiendan a 130 mil estudiantes (1,300 estudiantes en promedio cada una) impacta en el curso actual y las condiciones de la Educación Superior en México? Me temo que no lo suficiente, pues según las cifras de la SEP y la Anuies, en el ciclo escolar pasado cursaron Educación Superior en nuestro país 4 millones 430 mil estudiantes, en números cerrados. Hablar de 130 mil más, que es la meta de este programa del nuevo gobierno, equivale a un incremento de aproximadamente 3% de esa matrícula. Realmente parece marginal.
Insisto: al mencionar la propuesta suena bien y es difícil encontrar alguien que pueda oponerse a que se abran nuevas universidades en nuestro país, con tantas limitaciones para acceder a niveles superiores de la educación; pero es obligado ver los detalles de las acciones que se emprendan para cristalizarla, que van desde la denominación hasta los programas de estudio. ¿Cuáles? ¿Por qué esos? ¿Quién los elaboraría y aprobaría? ¿Con qué duración? ¿Escolarizados o no? ¿Para cubrir qué necesidades? ¿Para resolver qué problemas? ¿Con qué cuadros se formaría su planta docente? ¿Bajo qué condiciones laborales y de desarrollo académico? ¿Con centros de investigación y generación de conocimiento? y un largo etcétera. Faltará poco para que se vaya aclarando de qué va este asunto.
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