La denuncia presentada por Óscar Chávez Espinosa, extrabajador de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México, abrió una revisión sobre comprobantes fiscales, movimientos de nómina y registros administrativos generados después de que en 2021 dejara de recibir su salario.
Chávez Espinosa hizo públicos sus señalamientos el 3 de noviembre y aseguró que, tras consultar sus registros fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria, encontró más de un centenar de comprobantes vinculados con percepciones y deducciones posteriores a su separación de la dependencia. La documentación mostrada por el denunciante sumaría más de 500 mil pesos en conceptos relacionados con su nómina; sin embargo, la existencia de esos recibos no permite determinar todavía si las cantidades fueron efectivamente pagadas, permanecieron retenidas o únicamente quedaron registradas dentro del sistema administrativo.
Créditos y aportaciones entre las irregularidades
Entre los movimientos que el extrabajador afirma haber encontrado aparecen descuentos relacionados con créditos, seguros, cuotas sindicales y aportaciones al ISSEMyM que, según su versión, no fueron solicitados ni autorizados por él.
Los señalamientos también alcanzan a distintas instituciones y empresas que aparecen relacionadas con esos conceptos, pero será necesario revisar cada operación antes de establecer si correspondieron a cargos reales, registros automáticos o movimientos derivados de la situación laboral que comenzó hace más de cinco años.
El origen del conflicto se remonta a marzo de 2021, cuando Chávez Espinosa fue separado de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario después de más de 17 años de servicio y posteriormente impugnó la decisión ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. El procedimiento quedó registrado bajo el expediente 421/2021 y, mientras continuaba el litigio, la dependencia habría solicitado que se retuvieran las percepciones relacionadas con el trabajador hasta que existiera una resolución sobre su situación jurídica.
Esa instrucción resulta relevante para determinar qué ocurrió con los recursos que aparecen reflejados en los comprobantes fiscales posteriores a 2021, debido a que una nómina puede mantener registros asociados con una plaza aun cuando el pago no llegue directamente al trabajador. Dentro de la investigación anunciada por el Gobierno estatal, tendrá que establecerse si las cantidades permanecieron efectivamente retenidas durante esos años o si existieron transferencias, cheques, órdenes de pago o cualquier otro mecanismo mediante el cual el dinero haya salido de las cuentas públicas.
Caso bajo revisión
La Secretaría del Campo y la Oficialía Mayor informaron que revisarán los antecedentes administrativos, los movimientos de nómina y los comprobantes relacionados con el caso para determinar si existió alguna irregularidad. La revisión deberá incluir no solo los CFDI localizados por el denunciante, sino también las cuentas bancarias utilizadas para la dispersión de salarios, los registros presupuestales y las instrucciones internas emitidas desde que comenzó el procedimiento laboral.
Aunque los comprobantes fiscales constituyen una parte importante de la denuncia, su emisión no demuestra por sí misma que el dinero haya sido entregado a una persona distinta. La regulación fiscal permite que un CFDI de nómina sea generado dentro de los procesos administrativos correspondientes, por lo que será la documentación financiera la que permita reconstruir el destino de los recursos y establecer si hubo alguna disposición de dinero durante el periodo señalado.
Chávez Espinosa también informó que acudió ante el SAT y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar los movimientos que considera irregulares, mientras que sus representantes plantearon la posibilidad de que existan situaciones similares relacionadas con otros trabajadores.
Esa hipótesis mencionada, sin embargo, no ha sido acompañada hasta ahora de otros expedientes públicos que permitan sostener que se trate de una práctica extendida dentro de la administración estatal.
La investigación tendrá que aclarar por qué continuaron apareciendo comprobantes fiscales vinculados con Chávez Espinosa después de su separación, qué ocurrió con las cantidades registradas como percepciones y cuál fue el origen de las deducciones que aparecen durante esos años.
Si la documentación confirma que los recursos permanecieron retenidos mientras avanzaba el litigio, los recibos podrían formar parte del manejo administrativo de la plaza; si se comprueba que hubo dispersión del dinero hacia cuentas distintas a las autorizadas, corresponderá determinar quién ordenó los movimientos y si existen responsabilidades administrativas o penales.
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