Miembros de la agrupación (Des)Arma México denunciaron ante la Procuraduría General de la República la pasividad del Estado mexicano y, en su caso, la complicidad de autoridades en el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México entre 2006 y 2011, mediante diversos programas, principalmente el llamado “Rápido y furioso”, publicó Aristegui noticias.
El documento, presentado el pasado martes 23 de septiembre ante la PGR y disponible en el sitio web Desarmamexico.org, señala que el hecho requiere de una amplia y comprometida investigación, por lo que solicitan que la autoridad ministerial se aboque a una investigación que permita esclarecer “si, en la introducción de estas armas, intervinieron autoridades mexicanas, es decir, si el Gobierno Mexicano, institucionalmente, participó en los programas de introducción de armas diseñados de manera cuestionable por agencias gubernamentales de los Estados Unidos de América”.
La querella explica que este tráfico ilegal de armas, a cargo tanto de agencias gubernamentales estadounidenses como de otras presumiblemente mexicanas, resultó en el homicidio, secuestro, extorsión y asalto a mano armada de civiles y policías, y en delitos de puesta en peligro.
En efecto, con motivo del programa Rápido y Furioso y sus predecesores, se suministraron armas a los grupos criminales, las cuales sirvieron como instrumento de los delitos señalados, y hay dos casos específicamente relacionados con esas armas: el asesinato del agente fronterizo de EE. UU., Brian Terry, en diciembre de 2010, y el asesinato de 17 adolescentes y otras decenas que fueron heridos en la Masacre de Villas de Salvárcar, en la que se encontraron armas también de “Rápido y Furioso”.
“Nadie en ese momento ha dado cuenta del origen de las armas (no obstante el pleno conocimiento de tal circunstancia, tanto por autoridades mexicanas como de los Estados Unidos de América)”, señala el documento.
Los denunciantes hacen referencia al aumento reciente y dramático de la violencia en México, relacionado con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, emprendida principalmente “por la administración del Presidente Felipe Calderón, como el detonante de esta violencia; no obstante, conforme a las cifras antes expuestas, la violencia ya venía en aumento desde sexenios anteriores”.
Entre los promotores de la demanda se encuentran Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Gonzalo Aguilar Zinser, Felipe Gómez Mont Landerreche, José Miguel Castillo Hernández, Paulina Arriaga Carrasco, Javier Schütte Ricaud y Daniel Téllez Santana.
(Con información de Aristegui noticias)
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