El municipio de Huixquilucan, uno de los polos de mayor plusvalía en América Latina, es señalado por sostener su desarrollo inmobiliario sobre una estructura de corrupción paralela diseñada para la extracción de rentas, el desvío de recursos y la extorsión corporativa. Documentos ministeriales, auditorías estatales y testimonios periciales revelan cómo el aparato gubernamental, operado bajo las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN), condicionó la legalidad urbana a un sistema de cobros irregulares.
La continuidad política entre el exalcalde y actual senador, Enrique Vargas del Villar, y su esposa, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, ha funcionado como garante de este modelo. La retención de cuadros clave, como el tesorero Agustín Olivares Balderas, permitió que el flujo de recursos y la adjudicación de contratos operaran sin interrupciones ni escrutinio interno, así como de Mario Vázquez Ramos, quien fue señalado repetidas ocasiones y siguió siendo director general de Desarrollo Urbano Sustentable.
La aduana de Desarrollo Urbano y el quiebre del pacto de silencio
El sector inmobiliario se convirtió en el principal vector de vulnerabilidad en el municipio. Toda inversión debe transitar por la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, la cual dejó de operar como ente regulador para consolidarse como una aduana de peajes extralegales.
El modelo de defraudación consistió en la manipulación de las obras de mitigación. Las autoridades municipales exigían pagos millonarios en efectivo a los desarrolladores a cambio de liberar dictámenes apócrifos de “Obra Concluida y Verificada”. Posteriormente, el municipio utilizaba recursos del erario para licitar y construir esas mismas obras en los puntos previamente cobrados, generando un fraude presupuestal cruzado.
Históricamente, el sector constructor ha mantenido el silencio para proteger sus inversiones. Sin embargo, en un hecho atípico, cuatro empresas decidieron colaborar con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México. Las cuatro corporaciones operan con domicilio fiscal verificable, contratos y obras legales en Huixquilucan, y acudieron a las autoridades al registrar pérdidas millonarias y constatar que el ayuntamiento pagaba con recursos públicos las obras que a ellas les habían cobrado bajo coacción.
De acuerdo con la carpeta de investigación FGEM/FECC/HUIX/045/2025 y las revisiones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), estas son las entidades que aportaron las pruebas contra la cúpula de Desarrollo Urbano:
- Constructora e Inmobiliaria del Bosque, S.A. de C.V. : denuncia presentada en marzo de 2023 bajo el registro CMH/DEN/021/2023 por el ingeniero Jorge Luis Méndez. La empresa acusó formalmente a Mario Vázquez Ramos y Miguel Arrellano, subdirector de Tenencia de la Tierra. Demostró el pago de 12.7 millones de pesos en 2021 por obras de mitigación en Avenida de la Barranca y Circuito Bosques. El municipio emitió un dictamen de “obra concluida y verificada” sustentado en fotografías falsas, sin que se ejecutara construcción alguna. Posteriormente, en 2023, el ayuntamiento ejecutó la misma obra utilizando recursos públicos. El representante declaró que Miguel Arrellano exigió 800,000 pesos para firmar las autorizaciones sin revisión. La empresa ya firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.
- Desarrolladora Inmobiliaria Interlomas, S. de R.L. DE C.V. : registró la denuncia CMH/DEN/047/2023 en julio de 2023 a través de la arquitecta Patricia Gómez. El recurso se dirigió nuevamente contra Mario Vázquez Ramos, Miguel Arrellano y el entonces subdirector Luis Felipe Cota Arredondo. Comprobó que en 2022, Cota autorizó cuatro licencias comerciales sin la existencia de un proyecto u obra. La firma pagó 21.4 millones de pesos en garantías que nunca fueron devueltas, sin que se realizara la edificación. El expediente municipal incluía documentos alterados con sellos falsos y firmas apócrifas de la propia empresa. Se probó que Cota continuó autorizando trámites a pesar de conocer las irregularidades, lo que permitió su posterior vinculación a proceso.
- Grupo Constructor La Loma, S.A. de C.V. : Denuncia CMH/DEN/072/2023 interpuesta en octubre de 2023 por el ingeniero Roberto Sánchez contra Vázquez, Arrellano y Cota. Aportó 11 casos de obras irregulares cobradas bajo coacción y posteriormente pagadas por partida doble por el ayuntamiento. Entregó recibos, mensajes y grabaciones donde Arrellano ordenaba: “paga y yo te firmo que ya está hecho, no te preocupes por la obra”. El daño directo comprobado a esta empresa asciende a 34.2 millones de pesos. La constructora opera ahora bajo la figura de testigo protegido.
- Urbanizadora y Constructora San Jerónimo, S.A. de C.V. : denuncia CMH/DEN/008/2024 presentada en enero de 2024 por el licenciado Carlos Ruiz contra Vázquez y Arrellano. Documentó el periodo 2018-2020, comprobando que Vázquez modificó las reglas de operación para eliminar la presentación de garantías. Se autorizaron licencias sin pago formal ni construcción, condicionadas a entregas de efectivo. Las direcciones de sus proyectos figuran en el expediente municipal como obras ejecutadas por el gobierno local en 2022. Confirmó que el sistema operó ininterrumpidamente desde 2016 hasta 2025.
Acción Nacional y el desvío institucional
El quebranto documentado por estas cuatro desarrolladoras asciende a 68.3 millones de pesos, sin embargo, el esquema de sustracción de recursos se extendió al presupuesto público a través de una red de proveedores fachada.
Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que entre 2016 y 2024 el gobierno de Huixquilucan canalizó más de 82 millones de pesos hacia 24 empresas carentes de infraestructura u operaciones reales.
Bajo la justificación de compras masivas de materiales, electrodomésticos o servicios logísticos, el ayuntamiento adjudicó contratos a entidades como Maquiladora Ralf y Osasuna Comercializadora, cuyos domicilios fiscales resultaron ser oficinas virtuales o edificios corporativos donde no figuraban como arrendatarios. Otras direcciones, como las del contratista Víctor Hugo Montiel, correspondían a domicilios particulares ajenos a cualquier actividad empresarial. Trece de estas empresas fueron constituidas simultáneamente ante un mismo notario en el estado de Morelos, replicando esquemas de triangulación alertados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ecocidios y fraudes inmobiliarios solapados
Las consecuencias de esta captura regulatoria impactaron directamente en la planeación territorial. El megaproyecto Legacy Residencial & Club es el ejemplo más visible. Proyectado sobre la Barranca La Pastora —una zona topográficamente inestable que carece de viabilidad geológica confirmada por tribunales federales desde 1997—, el desarrollo contempla cuatro torres de 34 niveles.
Sin contar con resolutivos de impacto ambiental de la SEMARNAT ni concesiones de explotación hídrica de la CONAGUA, la obra ha avanzado bajo el amparo burocrático municipal y estatal. Ante el rechazo de los colonos de Lomas de las Palmas por el inminente colapso vial, la administración de Romina Contreras desplegó maquinaria pagada con el erario para repavimentar calles vecinales y facilitar el acceso industrial a la constructora.
El letargo fiscalizador
El presupuesto municipal ejercido en 2023 por la actual administración fue de 3,371 millones de pesos. A pesar del volumen de recursos, la intervención del OSFEM a través de la Auditoría de Inversión Física (AIF-024) llegó de manera tardía, mientras la Contraloría Interna Municipal, encabezada por Benito García Ávalos, mantuvo cerrados los expedientes sancionatorios frente al desvío documentado a las empresas fachada y las extorsiones en Desarrollo Urbano.
Con un cerco mediático sostenido por asignaciones millonarias en propaganda, las administraciones de Enrique Vargas y Romina Contreras han proyectado a Huixquilucan como un municipio modelo de eficiencia en seguridad e inversión. Los expedientes penales y el rastro de los contratos públicos muestran, por el contrario, un ayuntamiento subordinado a la monetización del desarrollo urbano.
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