De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la red de venta de plazas de maestros en la entidad operaba desde las áreas encargadas de administrar el personal, la nómina y los sistemas informáticos del gobierno estatal.
El grupo pudo haber tenido acceso a prácticamente todo el proceso administrativo de contratación de personal. Desde sus puestos, administraban las bases de datos de personal, podrían crear y modificar registros y autorizaban pagos de nómina.
¿Quiénes eran los principales funcionarios involucrados?
En la parte más alta de la estructura aparece Óscar «N», exdirector general de Personal y exsubsecretario de Administración. Desde este puesto, impulsó la implementación de la plataforma META 4, sistema utilizado para la dispersión de la nómina estatal.
Su puesto le permitía supervisar la política de recursos humanos del Gobierno del Estado de México. Además, podría coordinar la administración del personal y validar movimientos en la nómina.
Debajo de su nivel operaba la estructura técnica. Estaba integrada por funcionarios con acceso directo a los sistemas que administran la información laboral de miles de servidores públicos.
Entre ellos figura Areli «N», quien se desempeñaba en la Dirección de Remuneraciones. Presuntamente, tenía intervención en los procesos relacionados con el cálculo y administración de percepciones salariales.
También aparece Yunuen «N», responsable de la actualización de bases de datos. Su cargo le permitiría modificar registros de personal y validar información utilizada para el procesamiento de la nómina.
Las investigaciones incluyen además a David «N» y Christopher «N», ambos adscritos a áreas de Tecnologías de la Información. Ambos con acceso a la infraestructura y los sistemas donde se procesan los movimientos del personal y los pagos gubernamentales.
En el nivel operativo fueron detenidos Diego Emmanuel «N», Juan Alberto «N», Fabiola Lidia «N», Daniel Arturo «N» y Alfredo «N». Todos ellos desempeñaban funciones como jefes de departamento, delegados administrativos y analistas. Entre sus funciones destaca la de ejecutar los movimientos administrativos que posteriormente impactaban la nómina estatal.
Colaborando con la red, se encontraron capturistas y administrativos, quienes realizaban los registros en el sistema y gestionaban las altas irregulares. Algunos realizaron más de 70 altas; presuntamente recibían cinco mil pesos por cada movimiento. Muchas de las operaciones se hicieron durante la madrugada para reducir el riesgo de ser detectadas.
¿Quién protegía la operación?
La FGJEM describe una protección institucional. Funcionarios de la SECTI y la Oficialía Mayor intercambiaban claves personales de acceso al Sistema Integral para la Gestión Administrativa del Personal (SIGAP) para registrar de manera fraudulenta a docentes en escuelas inactivas y evitar que fueran detectados.
También documentó que existían «reclutadores», encargados de incorporar a familiares y personas de confianza. Una vez que los daban de alta, retenían las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios, retiraban el dinero y lo distribuían entre los integrantes de la red.
La investigación recuperó mensajes enviados por los organizadores a los beneficiarios para instruirles cómo actuar luego de que se denunciara la existencia de la red. Les pidieron cancelar sus cuentas de nómina, negar haber trabajado para el gobierno y ocultar cualquier vínculo con funcionarios públicos.
Las dependencias con mayor riesgo
El expediente muestra que la red se extendió a varias dependencias, aunque tres concentran la mayor parte de las operaciones investigadas:
- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI): donde se detectaron 459 altas irregulares de personal docente y múltiples capturistas involucrados.
- Oficialía Mayor: responsable de la Dirección General de Personal, Remuneraciones y los sistemas de nómina, considerada el núcleo operativo del esquema.
- Secretaría de Seguridad: utilizada para incorporar personal y donde incluso en 2021 fue detenido un funcionario con 164 tarjetas bancarias pertenecientes a supuestos servidores públicos y 180 mil pesos en efectivo, antecedente que hoy forma parte de la investigación.
La Fiscalía también refiere indicios de que el modelo pudo extenderse a otras instituciones, entre ellas la Secretaría de Salud, aprovechando la amplitud territorial y el elevado número de plazas disponibles.
Una red que trascendió administraciones
De acuerdo con las investigaciones, varios implicados tenían vínculos de familiaridad o confianza mutua. Cada vez que un funcionario relevante dejaba su cargo, su reemplazo era un allegado que continuaba la red ilícita. Este relevo explica cómo la operación pudo continuar aun cuando Óscar “N” dejó la dirección general de Personal en 2023.
Además del presunto desvío de recursos, la Fiscalía sostiene que varios integrantes de la red se asignaron plazas docentes con salarios cercanos a los 50 mil pesos mensuales. Las mantuvieron mediante licencias irregulares y las conservaron para obtener beneficios laborales y jubilatorios futuros.
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