Toluca, Méx.- Integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD), se manifestaron frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para solicitar al titular del organismo, Sergio Javier Medina Peñaloza, la sustitución de las medidas cautelares de prisión preventiva por una menos drástica a favor de José Humbertus Pérez Espinoza.
Al cumplirse 9 meses y seis días de que el dirigente social se encuentra recluido en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, y luego de que un juzgado de control con sede en dicho municipio ordenara la prisión preventiva de Pérez Espinoza, que representa el segundo auto de vinculación a proceso (antes de formal prisión) por supuestos robos a casa habitación con el uso de un arma de fuego, los integrantes de la agrupación sostienen que el proceso ha estado viciado de origen.
Rocío Rosete, una de las integrantes del movimiento, refiere que el Artículo 8° Constitucional señala que “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”, lo cual no ha ocurrido en este caso.
Agrega que los días 4 y 24 de mayo del año en curso, denunciaron ante el Fiscal para Combatir los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJEM, Mario Guerrero López y ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que se investigara la tortura y la fabricación de delitos y que a tres meses de ello, no han recibido respuesta, lo que violenta el precepto constitucional esgrimido.
Pérez Espinoza se encuentra recluido desde el 5 de noviembre del 2015 pasado en el penal de Chiconautla, pues según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se introdujo el 5 de octubre de 2015 a cinco casas del fraccionamiento Urbi Quinta Sexta Sección de Tecámac, presuntamente en un lapso de hora y media y acompañado de unas 200 personas, de las que supuestamente sustrajo un celular, una tableta electrónica y un televisor.
Los miembros del Frente Mexiquense demandan al presidente del Tribunal de Justicia mexiquense que “saque las manos” del caso Humbertus y permita se otorgue la libertad bajo fianza al activista, pues desde que se encuentra recluido cuatro jueces diferentes (del fuero común y dependientes de ese Tribunal) se han negado a fijar alguna fianza o garantía económica que le pudieran permitir al activista enfrentar las acusaciones penales en libertad.
Los hechos
Las autoridades mexiquenses abrieron tres procesos de investigación contra José Humbertus Pérez Espinoza con las carpetas 1718/2015, 1720/2015 y 63/2016, después de haber ganado los juicios contra las constructoras URBI Desarrollos Urbanos, Constructora Geo y Desarrollos Inmobiliarios de Culiacán por fraude.
Las denuncias de Humbertus y los coordinadores del FMDVD, señalaron además al alcalde de Tecámac, Aarón Urbina Bedolla y su hermano Vicente Urbina Bedolla, quienes aseguran los denunciantes, utilizaron como invasores de casas a sus mismos denunciantes: Noé Zenteno Ruiz, Delia Hernández Morales, Angélica Monserrat Tamez Rangel, Norma Leonor Olguín, así como a los autores intelectuales del delito de despojo de inmuebles: Ricardo Reséndiz Flores, América María González Sánchez, Carlos Reséndiz y Valentina Granados Rincón, todos ellos “protegidos y avalados por el Procurador General de Justicia del Estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez”.
Algunos de quienes denunciaron a Humbertus por el supuesto robo de casa habitación, fungieron también como testigos de cargo. No obstante, las autoridades no han podido vincular al activista a ningún proceso que presuma su responsabilidad en los delitos imputados y su proceso sigue en espera de sentencia, una forma que las autoridades justifican mantenerlo en prisión, dilatando los juicios en violación a los artículos constitucionales 1º, párrafo 2 y 3, 9º, 8º, 20º, apartado B, fracción 1; 1.1, 2 y 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
La persecución de las autoridades mexiquenses contra José Humbertus no ha sido la única. También se asegura que han recibido amenazas de muerte y acoso su familia (esposa e hijo) y los miembros del Frente Mexiquense, Eva Izaguirre Romero e hijo, Linda Margarita López Medina, y Francisco Javier Moreno Ojeda.
Las imputaciones contra Pérez Espinoza, se sustentan en declaraciones de supuestas víctimas de los robos, testimonios que – aseguran – parecen aleccionados desde una oficina del Ministerio Público, y los cuales no fueron acompañados de otras pruebas.
Cabe mencionar que el FMDVD ha ganado varios amparos y litigios a dueños de inmobiliarias que operan en territorio mexiquense y otras entidades del país (entre ellas Urbi, Geo, Vinte y Sadasi), y también han denunciado penalmente a diversos funcionarios mexiquenses, entre ellos al procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a quien acusan de favorecer a los dueños de las vivienderas.
En el documento entregado al titular del Tribunal Superior de Justicia, exponen que “la tortura y la fabricación de los delitos en carpetas de investigación en el Nuevo Sistema Penal abarca un sinnúmero de delitos que carecen del respeto a la cadena de custodia, que señala que se deben concatenar todos y cada uno de los medios de probanza como son la declaración de la víctima, de los testigos, las pruebas científicas, periciales, documentales, el resguardo de los indicios, conservar los elementos del delito, así como el embalaje de las pruebas en el momento en que ocurren los supuestos actos delictivos.
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