Toluca, México; 10 de septiembre de 2018. Los senadores de Morena presentaron este día una propuesta de Ley Orgánica para la Fiscalía General de la República con la que buscan integran un Consejo Técnico Ciudadano y reparar el sistema de repartición de justicia en el país. La iniciativa estuvo diseñada en conjunto con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador a la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, también agregó que esta reforma a la Ley Orgánica supone, también, la creación de distintas comisiones especiales para atender casos graves, además de establecer cuatro causales para la remoción del Fiscal en turno. Al respecto del Consejo Técnico Ciudadano, éste presupone un período de actividades de cinco años para cada miembro de los cinco ciudadanos y ciudadanos que la compongan.
Producto de 15 mesas de diálogo con los colectivos, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el proyecto será presentado oficialmente mañana ante el pleno del Senado y, en caso de ser aprobado, la ley arrancará con el nuevo período de una Fiscalía General de la República autónoma, lo que conllevará, consecuentemente, al proceso de selección para su titular.
Los pormenores de la nueva estructura administrativa fueron expuestos por Nieto, ex director de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y dio a conocer que se pretenden instaurar Unidades de Investigación y Licitación, operadas por peritos, analistas y policías, además de integrar equipos mixtos de Investigación y Servicio Profesional de Carrera. También se ha proyectado la composición de un Plan de Persecución Penal, que reportará al Senado, además de cuatro fiscalías especializadas en delitos electorales, corrupción, derechos humanos y asuntos internos.
Al respecto de este proyecto que está pronto a enviarse al Senado, los representantes de los colectivos mencionaron que “una de las prioridades fue construir una estructura operativa con capacidad real para investigar casos de crimen organizado, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. Asimismo, se plantea la creación de dos fiscalías nuevas: una Fiscalía de Derechos Humanos, que podría hacer un abordaje integral de las investigaciones en esta materia, y una Fiscalía de Asuntos Internos, para la investigación de posibles casos de corrupción al interior de la propia institución”.
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