El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, promovió un juicio de amparo indirecto ante la justicia federal mientras enfrenta una investigación penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones derivados de los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción.
El expediente, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Toluca, forma parte de la estrategia jurídica emprendida por el alcalde para solicitar la protección de la justicia federal frente a actos de autoridad que pudieran afectar sus derechos. Sin embargo, especialistas consultados por AD Noticias coinciden en que este recurso no detiene la investigación ministerial, no cancela la carpeta de investigación y tampoco representa una resolución anticipada sobre su responsabilidad penal.
El amparo no sustituye al proceso penal
El juicio de amparo es un mecanismo constitucional mediante el cual cualquier persona puede solicitar que un juez federal revise la legalidad de actos emitidos por una autoridad cuando considere que éstos vulneran sus derechos fundamentales.
En el caso de Fernando Flores, la promoción del recurso no implica que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deba suspender las investigaciones relacionadas con el caso La Asunción. Las diligencias ministeriales, la integración de pruebas y las actuaciones procesales continúan desarrollándose conforme a la legislación penal.
Especialistas en derecho explican que el amparo y la investigación penal transitan por vías distintas: mientras el juez federal analiza la constitucionalidad de los actos reclamados, corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos suficientes para ejercer acción penal.
¿Qué puede conseguir el alcalde?
Uno de los objetivos más frecuentes de este tipo de procedimientos consiste en solicitar una suspensión contra una eventual orden de aprehensión u otros actos que puedan afectar la libertad personal del promovente.
Si el juez concede dicha suspensión, ésta únicamente impediría de manera provisional la ejecución del acto reclamado y bajo las condiciones fijadas por la autoridad federal. Ello no significa que desaparezcan las investigaciones, que se extinga la acción penal o que se determine la inocencia del servidor público.
En términos jurídicos, el juicio de amparo protege derechos constitucionales; no resuelve la responsabilidad penal que eventualmente pudiera derivarse de los hechos investigados.
Un caso que mantiene efectos políticos
La estrategia legal también tiene implicaciones políticas.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México contempla diversos supuestos en los que un presidente municipal puede separarse del cargo, entre ellos cuando se encuentre privado de la libertad o legalmente impedido para ejercer sus funciones.
En ese contexto, una eventual suspensión concedida dentro del juicio de amparo podría evitar temporalmente la ejecución de determinados actos de autoridad que afectaran la libertad del alcalde, permitiéndole continuar en funciones mientras se resuelve el procedimiento constitucional. No obstante, el alcance de esa protección dependerá exclusivamente de las resoluciones emitidas por el juez federal.
Los hechos que originaron la investigación
La carpeta de investigación deriva de los acontecimientos registrados el 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, donde Fernando Flores ingresó acompañado por personal de seguridad durante un conflicto entre particulares.
Videos difundidos posteriormente en redes sociales mostraron la presencia de escoltas armados dentro de las instalaciones, situación que dio origen a investigaciones por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones.
Tras la difusión de las imágenes, el alcalde sostuvo que acudió al lugar para atender un conflicto entre particulares y posteriormente ofreció disculpas públicas por lo sucedido.
¿Qué sigue?
Mientras el Poder Judicial de la Federación resuelve el juicio de amparo promovido por Fernando Flores, la Fiscalía mexiquense mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen elementos suficientes que permitan judicializar la carpeta y llevar el caso ante un juez de control. El procedimiento constitucional y la investigación penal seguirán desarrollándose de manera paralela. El primero determinará si existió alguna vulneración a derechos fundamentales; el segundo establecerá, en su caso, si existen responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos en La Asunción.
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