Dos alcaldes mexiquenses vinculados a proceso penal el mismo día, dos partidos y respuestas políticas diferentes. Morena expulsó a Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo; Acción Nacional mantiene su respaldo a Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, mientras su esposa, Iraí Albarrán, aparece entre los perfiles para sucederlo en 2027.
Los dos fueron vinculados a proceso el 9 de julio de 2026. Nápoles, por la presunta simulación de un secuestro; Flores, por presunto abuso de autoridad. Ninguno ha recibido sentencia condenatoria.
La diferencia no está en las decisiones judiciales, sino en el tratamiento político de ambos casos. Morena recurrió a sus mecanismos disciplinarios y terminó por cancelar la militancia de Nápoles. En Metepec, los dirigentes panistas han mantenido su respaldo al alcalde, cuya familia podría conservar la presidencia municipal durante otro periodo.
Son hechos distintos, pero ofrecen un contraste de interés público sobre la conducta de los partidos frente a sus propios gobernantes.

Morena expulsa a la alcaldesa de Tenancingo
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena resolvió cancelar la afiliación de Nancy Nápoles Pacheco y separarla de la presidencia del Consejo Estatal del partido en el Estado de México.
La determinación se conoció el 18 de noviembre y corresponde al expediente CNHJ-MEX-374/2026.
El procedimiento disciplinario comenzó en junio, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalara a la alcaldesa por su presunta participación en la simulación de un secuestro ocurrido el 31 de mayo.
La investigación ministerial sostiene que el supuesto plagio habría sido planeado para solicitar 40 millones de pesos provenientes de recursos municipales. Entre los elementos difundidos por la Fiscalía figuran indicaciones atribuidas a la alcaldesa sobre una ruta para evitar cámaras de seguridad y declaraciones relacionadas con el desarrollo de los hechos.
Nápoles ha rechazado las acusaciones y sostiene que fue víctima de un secuestro.

Morena suspendió provisionalmente sus derechos partidistas y su participación al frente del Consejo Estatal. El 25 de agosto se celebró una audiencia estatutaria a la que la alcaldesa no compareció; el 22 de septiembre se cerró la instrucción y posteriormente se emitió la resolución.
La expulsión no implica su destitución como presidenta municipal. El cargo es de elección popular y su permanencia se rige por disposiciones diferentes de las que regulan la militancia.
La alcaldesa también conserva el derecho de impugnar la sanción mediante los procedimientos partidistas y jurisdiccionales aplicables.
La resolución íntegra no estaba disponible en el material documental examinado, por lo que sus fundamentos específicos requieren confirmación.

Fernando Flores conserva el respaldo panista
En Metepec, Fernando Flores Fernández continúa al frente del ayuntamiento después de que un juez lo vinculara a proceso por presunto abuso de autoridad.
La acusación deriva de los hechos ocurridos el 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, donde se registró un enfrentamiento que dio origen a una denuncia contra el presidente municipal.
El 9 de julio, un juez determinó que existían elementos suficientes para continuar el procedimiento penal. La vinculación a proceso no establece responsabilidad definitiva y el alcalde ha manifestado que ejercerá su defensa.
A diferencia de lo ocurrido en Tenancingo, el proceso judicial no ha significado una ruptura pública entre Flores y los principales dirigentes del PAN mexiquense.
Enrique Vargas del Villar, una de las figuras más influyentes de Acción Nacional en el Estado de México, expresó su respaldo al alcalde y defendió la continuidad del proyecto político panista en Metepec.
Ese acompañamiento adquiere relevancia ante la proximidad de las elecciones de 2027, cuando se renovarán los ayuntamientos mexiquenses.

Iraí Albarrán y la sucesión en Metepec
La posibilidad de que Iraí Albarrán, esposa de Fernando Flores y presidenta honoraria del DIF municipal, busque la alcaldía introduce otro elemento en la discusión.
Albarrán formalizó su afiliación al PAN en marzo de 2026 y ha incrementado su presencia en actividades públicas y partidistas.
Su nombre figura entre los perfiles mencionados para competir por la presidencia municipal en 2027. Sin embargo, Acción Nacional todavía no ha anunciado una candidatura oficial.
La eventual postulación abriría la posibilidad de que el gobierno municipal permaneciera dentro del mismo núcleo familiar, aunque mediante una nueva elección.
El parentesco, por sí mismo, no demuestra una irregularidad. La cuestión electoral será determinar cómo se desarrolla el procedimiento de selección, si existe competencia efectiva entre aspirantes y qué condiciones se establecen para separar las actividades institucionales de la promoción partidista.
En un municipio gobernado por el PAN, la eventual candidatura de la esposa del alcalde merece un examen particular sobre el uso de recursos públicos, la equidad interna y las condiciones de competencia.

Higinio Martínez y Enrique Vargas: las lealtades políticas
El contraste tiene un matiz adicional. Las decisiones institucionales de los partidos no siempre coinciden con las relaciones personales de sus dirigentes.
En octubre, cuando Nancy Nápoles ya tenía suspendidos sus derechos partidistas, el senador Higinio Martínez Miranda la recibió en el Senado y la presentó públicamente como una amiga de muchos años.
La alcaldesa ha mantenido vínculos con Mexiquenses de Corazón, agrupación política asociada con Martínez.

El encuentro no anuló el procedimiento disciplinario ni impidió que Morena terminara por expulsarla. Sí mostró que la cercanía política podía mantenerse mientras los órganos internos examinaban su conducta.
En el PAN, Enrique Vargas ha expresado públicamente su respaldo a Fernando Flores y al proyecto político de Metepec.
Las dos relaciones permiten distinguir entre el comportamiento de las dirigencias, las decisiones de los órganos partidistas y las lealtades que sobreviven a las controversias judiciales.

La ética partidista frente al ejercicio del poder
Morena y PAN sostienen en sus documentos doctrinales compromisos con la legalidad, la honestidad y la responsabilidad pública. La manera de aplicar esos principios adquiere especial importancia cuando las controversias involucran a sus propios gobernantes.
En Tenancingo, Morena utilizó un procedimiento disciplinario que concluyó con la expulsión de la alcaldesa. La decisión deberá examinarse también desde el respeto a sus derechos de defensa y la consistencia de los criterios aplicados a otros militantes.
En Metepec, el PAN ha mantenido su respaldo político al presidente municipal, sin que la documentación revisada acredite una sanción partidista equivalente. Esa diferencia plantea preguntas sobre los criterios con los que Acción Nacional evalúa la conducta de sus autoridades.
La presunción de inocencia protege a ambos alcaldes. Ningún partido está obligado a considerar culpable a un militante por el solo hecho de que un juez lo vincule a proceso.
Pero la responsabilidad penal y la responsabilidad política pertenecen a ámbitos diferentes. Las organizaciones partidistas pueden examinar conductas, exigir explicaciones y adoptar decisiones internas sin sustituir a los tribunales.
La comparación tampoco supone que dos acusaciones de naturaleza distinta deban producir necesariamente una misma sanción. Lo exigible es que las decisiones respondan a reglas conocidas, procedimientos justos y criterios consistentes.

¿Qué deben considerar los electores rumbo a 2027?
Los casos de Tenancingo y Metepec permiten examinar cómo funcionan los mecanismos de responsabilidad dentro de las organizaciones políticas.
Para los ciudadanos, conocer los hechos judiciales es tan importante como identificar las decisiones de los partidos: qué procedimientos iniciaron, qué argumentos utilizaron, qué oportunidades de defensa ofrecieron y cómo explicaron sus determinaciones.
También importa conocer si las candidaturas se seleccionan mediante reglas claras y si las autoridades municipales mantienen una separación efectiva entre sus responsabilidades públicas y sus intereses electorales.
Morena expulsó a Nancy Nápoles, aunque la alcaldesa conserva su cargo y puede defenderse de la sanción. En Metepec, Fernando Flores continúa gobernando con respaldo de dirigentes panistas, mientras su esposa figura entre las posibles aspirantes para 2027.
El desenlace judicial de ambos casos corresponde a los tribunales. Las decisiones partidistas, en cambio, forman parte del ejercicio cotidiano del poder y están sujetas al escrutinio público.
A los electores corresponde conocer esas diferencias, examinar sus fundamentos y formarse un juicio sobre la congruencia de quienes solicitan su voto.
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