El gobierno del Estado de México calcula que en 2027 podrá gastar 5.7 % más que en 2026 sin crear impuestos ni contratar deuda adicional. Su principal apuesta es el bienestar, aunque conviene leer con cuidado las cifras. Los 231 mil 330 millones de pesos anunciados corresponden al conjunto de ese eje. Para saber cuánto recibirá una familia, qué hospital tendrá dinero para medicamentos o qué camino entrará a reparación, hay que mirar las partidas. Once palabras resumen lo que cambia este 19 de noviembre: la gobernadora ya presentó su propuesta y ahora decide el Congreso.
1. ¿Qué tienen que aprobar los diputados?
El Paquete Fiscal reúne cinco iniciativas. La Ley de Ingresos del Estado establece cuánto dinero espera recibir el gobierno y de dónde provendrá. La Ley de Ingresos de los Municipios fija los conceptos por los que podrán cobrar los ayuntamientos. El Presupuesto de Egresos distribuye el gasto estatal. Los otros dos documentos proponen reformas al Código Financiero y solicitan autorización para refinanciar o reestructurar deuda existente.
La distinción importa para los municipios. Una cosa es lo que una tesorería municipal podrá recaudar por predial y otra, los recursos que recibirá del estado para una obra. Ambas decisiones pasan por el Congreso, pero se toman en instrumentos distintos.

2. ¿Quién tiene los votos para aprobarlo?
Con los 75 diputados presentes, se necesitan 38 votos para aprobar la Ley de Ingresos estatal y el Presupuesto de Egresos. Morena tiene 39 curules. Si suma las nueve del Verde y las ocho del PT, el bloque llega a 56. También supera los 50 votos que, con el pleno completo, representan las dos terceras partes exigidas para una operación de deuda que requiera autorización legislativa. En ambos casos, el umbral se calcula sobre los diputados presentes en la votación.
Morena y sus aliados pueden aprobar el presupuesto por su cuenta. Buscarán, sin embargo, un acuerdo con la oposición para sacarlo, de ser posible, por unanimidad. Hay un precedente cercano. En diciembre de 2025, todas las bancadas respaldaron el Paquete Fiscal de 2026. Esta vez negociarán el gasto del año en que se renovarán los 125 ayuntamientos y el propio Congreso.

3. ¿Qué sigue y cuándo empieza a ejercerse el dinero?
Las comisiones de Finanzas Públicas y de Planeación y Gasto Público revisarán las iniciativas, discutirán posibles cambios y presentarán sus dictámenes al pleno. Los diputados deberán aprobar primero los ingresos y después el reparto del gasto. El plazo constitucional para aprobar el presupuesto vence el 15 de diciembre de 2026.
Una vez aprobado y publicado en la Gaceta del Gobierno, el presupuesto podrá ejercerse del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027. Cada dependencia seguirá su calendario de gasto. Para una comunidad que espera una obra, eso significa que la autorización puede estar vigente desde enero y los recursos programados para meses después.
Si el Congreso incumple el plazo, la Constitución local prevé una salida temporal. El presupuesto anterior puede seguir vigente hasta el 31 de enero, únicamente para gasto corriente. Así pueden sostenerse servicios en operación mientras se resuelve el nuevo reparto.

4. ¿De dónde saldría el dinero si no suben los impuestos?
El Ejecutivo propone mantener las contribuciones vigentes sin aumentos. El ingreso estatal se nutre tanto de lo que recauda el propio Edomex como de los recursos federales que le corresponden. En el sistema de coordinación fiscal, la Federación recauda impuestos nacionales, a los que también contribuyen los mexiquenses, y distribuye una parte entre las entidades. Las participaciones dan al estado mayor margen para decidir el destino del dinero. Las aportaciones llegan para fines determinados.
El comunicado de presentación no desglosa cuánto del crecimiento previsto vendría de la recaudación estatal y cuánto de las transferencias federales. Esa comparación debe buscarse en la iniciativa de ingresos. También importa la inflación: un presupuesto 5.7% mayor en pesos no implica que el gobierno pueda comprar 5.7% más.
Para los automovilistas, el proyecto conserva el subsidio a la tenencia de vehículos particulares. Finanzas anuncia 28 subsidios y tres incentivos nuevos. El beneficio que estima en más de 8 mil millones de pesos corresponde al conjunto de medidas fiscales para ciudadanos y empresas.

5. ¿Cuánto se destinaría a servicios y cuánto a obligaciones?
Finanzas propone 344 mil 919 millones de pesos de gasto programable, cerca de 80 de cada 100 pesos. Con esos recursos se sostienen servicios y programas públicos. En esa misma categoría caben el sueldo del personal de un hospital, los medicamentos que utiliza y la construcción de una nueva unidad. Por eso, el tamaño de la bolsa dice poco, por sí solo, sobre el margen para emprender proyectos nuevos.
Otros 88 mil 884 millones corresponden al gasto no programable. Ahí se agrupan obligaciones financieras y recursos destinados a los municipios. Sería un error leer toda esa cantidad como pago de deuda. El comunicado tampoco precisa qué parte corresponde a cada concepto.

6. ¿Qué significa destinar 53 de cada 100 pesos a bienestar?
El proyecto asigna 231 mil 330 millones de pesos al eje de bienestar, equivalentes a 53.3% del presupuesto. Por separado, propone elevar 7% los recursos para programas sociales. El primer dato indica qué lugar ocupa el bienestar en el gasto estatal. El segundo compara el dinero disponible para programas sociales con el del año anterior.
Para quien ya recibe un apoyo, la pregunta es si aumentará el depósito. Para quien sigue en espera, si se abrirá el padrón. El 7% adicional podría financiar cualquiera de las dos decisiones o ambas. Para saberlo hacen falta el monto por beneficiario y la meta de cobertura de cada programa. En un año electoral, también importará conocer las reglas de incorporación y el calendario de pagos.

7. ¿Cuánto más habría para salud y qué le tocaría al ISSEMYM?
La propuesta agrega 2 mil 324 millones de pesos para salud y seguridad social en conjunto. El gobierno señala tres destinos: atención médica, infraestructura hospitalaria y abasto de medicamentos. La cifra expresa cuánto crecerían los recursos de ambos rubros respecto de 2026.
El anuncio no identifica cuánto del aumento correspondería al ISSEMYM. Para sus derechohabientes, ese desglose es decisivo. El dinero destinado a rehabilitar un hospital y el asignado a surtir recetas atienden necesidades distintas. La presentación del paquete tampoco permite determinar cuánto se reservaría para cada una.

8. ¿Cuánto habría para obra pública y qué llegaría a los municipios?
Para inversión pública se proponen 20 mil 405 millones de pesos, unos 4.70 de cada 100 pesos del presupuesto. Dentro de esa bolsa figuran 4 mil 684 millones para caminos y vialidades y 2 mil 500 millones para el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios, el FEFOM. La propuesta también considera agua potable, alcantarillado, transporte e infraestructura educativa.
El Plan Integral de la Zona Oriente reúne acciones de movilidad, vivienda, educación, salud e infraestructura social. El anuncio no precisa cuánto recibiría cada municipio. Para saber si una obra llegará a determinada colonia se necesitan tres datos localizables en el proyecto o en su programación posterior: nombre de la obra, monto y fecha de ejecución.

9. ¿Qué se propone para seguridad e igualdad de género?
El gobierno solicita 36 mil 845 millones de pesos para seguridad y construcción de paz, alrededor de 8.5% del presupuesto. El desglose por institución y programa permitirá distinguir cuánto financiaría tareas policiales y cuánto se dedicaría a prevención.
Para igualdad de género propone 13 mil 874 millones de pesos. Es un eje transversal: distintas dependencias pueden destinar parte de su presupuesto a ese propósito. Una acción para proteger a mujeres en riesgo, por ejemplo, puede figurar tanto en seguridad como en igualdad. Por la misma razón, los montos de todos los ejes no deben sumarse como si fueran bolsas independientes.

10. ¿Por qué se habla de refinanciamiento si no habrá deuda adicional?
Por cuarto año consecutivo, el Ejecutivo plantea cubrir el gasto del año sin contratar deuda adicional. Al mismo tiempo, pide autorización para cambiar las condiciones de créditos anteriores. Refinanciar significa sustituir un crédito por otro. Reestructurar permite modificar las condiciones del crédito vigente.
La pregunta para los diputados es cuánto acabaría pagando el estado. Una tasa menor puede producir ahorros. Alargar el plazo también puede reducir el pago anual, aunque el costo acumulado resulte mayor. Para juzgar si la operación conviene hacen falta el saldo, la tasa, las comisiones, el plazo y el total por pagar antes y después del cambio. Hasta conocer esos términos, el ahorro sigue siendo una posibilidad.
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