La entrada en la fase 3 por coronavirus en el país implicó el cierre de todos los comercios no esenciales, es decir, aquellos que no sean estrictamente necesarios para la continuidad de la vida en sociedad, sin embargo, esta definición ambigua ha servido para que negocios que ofrecen diversos servicios continúen abiertos, pero también para que servidores públicos o delincuentes extorsionen a sus propietarios con la promesa de permitirles seguir abriendo.
El gobierno de Toluca advirtió por medio de sus cuentas oficiales que el ayuntamiento no es el encargado de multar y sancionar, por lo que pidió estar alerta, junto con el mensaje «Que no te sorprendan», brindó el número 7223841100 al que se pueden comunicar los comerciantes en caso de ser víctimas de un intento de extorsión
Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, expresó, en entrevista para AD Noticias, su inquietud ante la posible interpretación mal intencionada que algunos servidores públicos pueden hacer a la ley para obtener alguna ventaja sobre los empresarios, quienes operan en la incertidumbre propiciada por la ambigua normatividad que establece el Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el covid-19.
Dicho acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de abril, establece que el organismo encargado de sancionar a los negocios no esenciales que se nieguen a cerrar es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), con ayuda y colaboración de los gobiernos municipales, con multas que pueden alcanzar los 868 mil 800 pesos.
En este documento quedó establecido que los negocios esenciales son los vinculados a las siguientes actividades:
- Actividades relacionadas a la salud
- Actividades relacionadas a la seguridad y procuración de justicia
- Actividades consideradas como esenciales para la atención de necesidades básicas de las personas (servicios financieros, energía, industria de alimentos y bebidas, suministro de gas, agua potable, venta de alimentos en centrales de abastos, mercados, supermercados, recauderías misceláneas etc. Venta de alimentos para animales y veterinarias, lavanderías que brinden servicio a hospitales o a cualquier actividad esencial, transporte mantenimiento y reparaciones mecánicas que brinden servicio a actividades esenciales, ferreterías, venta de productos para el soporte a la escuela en casa o trabajo en casa, la industria agropecuaria y ganadera, la industria de limpieza, servicio de mensajería, telecomunicaciones, logística de aeropuertos, seguridad privada.)
- Actividades relacionadas con la operación de programas sociales.
- La construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura crítica que asegure la producción y distribución de servicios indispensables como la energía eléctrica, el agua potable, petróleo o gasolina, servicios de limpia,
- La producción, distribución, suministro, construcción, conservación, reparación, mantenimiento y prestación de servicios de utilidad pública o interés general.
En él texto se establece que las autoridades municipales y estatales deben realizar el primer acercamiento frente a un establecimiento no esencial abierto, exhortando a los encargados a cerrar, en caso de no hacerlo “…podrán apercibirlos y solicitar los datos de identificación personal o vehicular correspondientes, a efecto de que, […] se dé aviso inmediato a la COPRISEM del hecho o hechos que incumplan las obligaciones a que se refiere el presente Acuerdo”, es decir, no es la autoridad municipal la que sanciona, sino la misma comisión.
Sin embargo, los casos de corrupción de servidores públicos no se han hecho esperar, en Valle de Chalco dos verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor fueron presentados ante la Fiscalía General de Justicia, luego de exigirle el pago de 16 mil pesos al encargado de una gasolinería, ante esto el presidente de la Comisión del Sector Agropecuario del CCEM, Eduardo Reyes Escamilla, informó que las verificaciones en torno a licencias y permisos no son una prioridad para estas instituciones por lo que pidió denunciar cualquier irregularidad.
Ante este escenario, diversos sectores se han sumado para detener este tipo de ilícitos, el gobierno de Toluca advirtió por medio de sus cuentas oficiales que el ayuntamiento no es el encargado de multar y sancionar, por lo que pidió estar alerta, junto con el mensaje «Que no te sorprendan», brindó el número 7223841100 al que se pueden comunicar los comerciantes en caso de ser víctimas de un intento de extorsión, la misma Laura González hizo la invitación para que las personas que tengan duda se acerquen a la CCEM, para recibir una asesoría