Diversas organizaciones en pro de los derechos humanos, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Presunción de Inocencia, preparan iniciativas para despresurizar los penales del Estado de México, esto ante el creciente número de contagios por covid-19 en el país y la posibilidad de que estos se trasladen o repliquen dentro de las cárceles mexiquenses.
En entrevista para AD Noticias José Humbertus, vocero de Presunción de Inocencia, aclara la mayoría de los presos recluidos en el Edomex podrían obtener su preliberación con estas iniciativas, pues han cumplido el 70% de su condena, además hay muchos reclusos a los que se les fabricaron los delitos, falsos culpables o tuvieron graves inconsistencias en las carpetas que llevaron a sus condenas.
En el Estado de México se estima que la población carcelaria supera los 31 mil ciudadanos, y alrededor de 3 mil de ellos pertenecen a grupos vulnerables. La ley de amnistía publicada el 22 de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación considera la preliberación de mujeres que hayan incurrido en el delito de aborto, primodelincuentes que estén cursando una condena menor a 4 años por robo sin violencia, personas que hayan cometido delitos contra la salud que se encuentren en un grupo vulnerable, indígenas que no hayan contado con un interprete en su proceso y a “presos políticos”.
Sin embargo, para José Humbertus, esta ley esta incompleta al no considerar a los falsos culpables, personas a las que se les fabricaron delitos, estas personas junto con las que han cumplido el 70% de su condena conformarían el 45% de la población que pretenden comiencen el trámite para la preliberación o sean liberados, “los que cumplieron el 70 por ciento deben salir ya, sin brazalete ni ningún tipo de medidas”, esto conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Los delitos como secuestro, trata de personas y delincuencia organizada no son considerados para la libertad anticipada en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta propuesta implica la creación de una comisión para revisar los expedientes de las personas privadas de la libertad a fin de que se revisen las inconsistencias para determinar cuándo se trate de un falso culpable. A esta comisión podría sumarse la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al tratarse de una tarea titánica, pues actualmente no existe si quiera una base de datos a nivel estatal de todas las personas privadas de su libertad.
Los centros de derechos humanos y colectivos que signan esta iniciativa son la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), quienes se espera que entreguen esta iniciativa el próximo viernes 15 de mayo al congreso mexiquense. La saturación de los penales y los incontables casos de fabricación de delitos hacen de esta iniciativa un tema urgente, José Humbertus vivió en carne propia las deficiencias del sistema penal acusatorio, “del total de la población de los bloques en donde yo estuve el 60% eran inocentes”, la personas privadas de la libertad han sido estigmatizadas por la población que no comprende que muchas de las personas privadas de su libertad son víctimas de un sistema inoperante que al verse rebasado busca culpables, la mayor prueba es el aumento del número de delitos cada año.