Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas ha llevado hasta Washington su confrontación con el gobierno mexicano y, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, ha viajado cinco veces a la capital estadounidense: en febrero y agosto de 2025, y en febrero, mayo y agosto de 2026. Durante esas visitas se ha reunido con congresistas, organismos internacionales y dependencias del gobierno de Estados Unidos para denunciar al gobierno mexicano, acusar presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado y solicitar medidas contra políticos e instituciones del país.
Las reuniones privadas que Moreno sostuvo en febrero de 2025 en el Congreso estadounidense estuvieron centradas en seguridad, migración, T-MEC y las reformas aprobadas en México que, de acuerdo con la postura del PRI, ponían en riesgo a las instituciones democráticas.
El discurso se endureció seis meses después, cuando acompañado por legisladores priistas se reunió con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos, a quien expuso sus denuncias por una supuesta persecución política, riesgos para la libertad de expresión y un deterioro de la democracia mexicana.
El regreso de Moreno al Capitolio en febrero de 2026 incluyó encuentros con los congresistas María Elvira Salazar, Carlos A. Gimenez, Lou Correa y Zach Nunn, con quienes abordó seguridad hemisférica, T-MEC y cooperación contra el crimen organizado. Para entonces, el dirigente priista ya había colocado entre sus principales señalamientos la presunta relación de integrantes de Morena con organizaciones criminales.
De denunciar a Morena a pedir acciones de Estados Unidos
La visita realizada en mayo marcó un cambio en la estrategia del dirigente priista, porque dejó de limitarse a exponer ante políticos estadounidenses sus acusaciones contra el gobierno mexicano y comenzó a pedir medidas concretas.
El PRI informó el 6 de mayo que presentó escritos ante los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro para solicitar que Morena fuera declarado organización terrorista, bajo el argumento de la supuesta existencia de vínculos entre políticos morenistas y organizaciones criminales.
Una decisión de este tipo corresponde a las autoridades estadounidenses y se encuentra regulada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Para que una organización sea incluida en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, el secretario de Estado debe acreditar que es extranjera, que participa en actividades terroristas o mantiene la capacidad e intención de realizarlas y que sus acciones representan una amenaza para ciudadanos o para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los señalamientos formulados por Moreno tendrían que sostenerse, por lo tanto, con pruebas que cumplan esos requisitos legales.
La misma visita incluyó una reunión en Washington con la opositora venezolana María Corina Machado, con quien Moreno habló sobre concentración del poder, autoritarismo y crimen organizado, temas con los que ha buscado colocar la situación de México dentro de una discusión regional sobre el deterioro democrático.
Ahora pide sanciones contra consejeros del INE
Las gestiones realizadas durante el viaje de agosto alcanzaron directamente al Instituto Nacional Electoral, después de que Moreno presentó ante instancias del Departamento de Estado un documento contra los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.
Los tres participaron en la resolución que ordenó retirar publicaciones del PRI y de su dirigente en las que se utilizaron expresiones como “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “cártel de Morena” y “narcopartido”. La Comisión de Quejas consideró de manera preliminar que nueve publicaciones podían atribuir hechos o delitos sin sustento fáctico y concedió medidas cautelares. Moreno también impugnó esa determinación ante la justicia electoral mexicana.
La denuncia por lo que el priista considera un acto de censura estuvo acompañada por una solicitud para que el gobierno de Estados Unidos valore cancelar las visas de los tres consejeros, utilizando como antecedente el caso del ministro brasileño Alexandre de Moraes.
¿Puede hablarse de injerencia?
La Constitución mexicana establece que el país no aceptará intervenciones o actos provenientes del extranjero que lesionen su soberanía, entre ellos las “injerencias en elecciones”, mientras que una reforma posterior incorporó como causa de nulidad electoral aquellos casos en los que se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera capaces de influir en el resultado de una elección.
La petición para que un gobierno extranjero imponga sanciones migratorias a integrantes de la autoridad electoral mexicana supone buscar que una instancia externa actúe contra funcionarios encargados de tomar decisiones dentro del sistema político nacional.
El alcance jurídico-electoral dependería de que una actuación extranjera derivada de esas gestiones llegara a influir en un proceso electoral y de que esa intervención pudiera demostrarse de manera objetiva y material.
Claudia Sheinbaum ha recurrido a este argumento para responder al dirigente priista y este viernes 14 de agosto volvió a cuestionar que Moreno viaje a Estados Unidos para promover sanciones contra ciudadanos mexicanos. La presidenta calificó como “vergonzosa” la solicitud relacionada con las visas de los consejeros, en medio de la discusión por las medidas adoptadas desde Estados Unidos contra políticos nacionales.
Washington mientras avanza el desafuero
Los viajes de Moreno coinciden con uno de los momentos judiciales más complicados que ha enfrentado, debido a que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche mantiene una solicitud para retirarle el fuero por investigaciones relacionadas con peculado, uso indebido de atribuciones y un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su administración como gobernador.
La Fiscalía entregó en julio información adicional a la Sección Instructora y, con el inicio del siguiente periodo ordinario, el expediente deberá regresar a la discusión legislativa.
Las investigaciones judiciales, la posibilidad de un desafuero y la reducción de la fuerza electoral del PRI forman parte del escenario que Moreno enfrenta dentro de México, mientras en Estados Unidos busca convertirse en interlocutor de políticos y autoridades frente al gobierno de Morena y colocar las acciones legales en su contra dentro de un discurso de persecución a la oposición.
La coincidencia entre el avance de los expedientes en México y las gestiones realizadas en Washington da a esos viajes un peso distinto al de una agenda internacional ordinaria de un dirigente partidista. Moreno ha llevado su versión ante congresistas, organismos multilaterales y autoridades estadounidenses, pero al pedir sanciones contra políticos y consejeros electorales mexicanos sus gestiones dejan el terreno de la denuncia y buscan consecuencias concretas desde el extranjero sobre actores de la política nacional.
Los viajes ocurren además en un momento en el que Estados Unidos ha incrementado la presión política sobre distintos gobiernos de América Latina, entre ellos Colombia y Brasil, mientras diversos dirigentes de la región han buscado acercarse al gobierno de Donald Trump.
La discusión rebasa la confrontación entre Moreno, Morena y el gobierno federal, porque coloca frente al resto de la clase política mexicana el caso de un dirigente partidista que, mientras denuncia una persecución en su contra, solicita a otro país medidas contra políticos y autoridades electorales de México.
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