Meses antes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, el caso volvió a dar un giro, esto luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, al acusarlo de haber ordenado presuntamente la destrucción de evidencia clave la misma noche de los hechos.
La acusación no señala que el exmandatario haya participado directamente en la desaparición de los normalistas, sino que, de acuerdo con la investigación federal, habría intervenido posteriormente para impedir que las autoridades conocieran toda la verdad sobre lo ocurrido.
¿Quién es Ángel Aguirre Rivero?
Ángel Heladio Aguirre Rivero fue gobernador del estado en dos ocasiones, la primera de ellas en el periodo de 1996-1999 y la segunda del 2011-2014.
Su segundo mandato quedó marcado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Ante la presión nacional e internacional generada por el caso, Aguirre solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de 2014.

Nuevos avances en la investigación
La FGR sostiene que una de las piezas más importantes del caso eran las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala, en especifico la número 12 y la 15, pues fueron las que habrían registrado el momento en el que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban los estudiantes, fue interceptado por elementos de seguridad municipal.
En dicha grabación se podría haber determinado las corporaciones que participaron, cómo fue la detención, cuántos elementos hubo y hacia dónde fueron llevados los estudiantes
Las primeras investigaciones oficiales sostuvieron que las grabaciones nunca pudieron recuperarse debido a presuntas fallas técnicas del sistema de videovigilancia. Aunque la explicación permaneció durante años, este 6 de agosto de 2026 la Fiscalía General de la República, determinó que esa información es falsa, e informó que las grabaciones sí existían
Por lo anterior, la actual administración de la Fiscalía ordenó un reanálisis completo del expediente Ayotzinapa.

Primer testigo
En enero de 2026 una persona colaboradora declaró que los vídeos sí existían, pero fueron retirados por una persona, e incluso declaró que las grabaciones fueron entregadas directamente al entonces gobernador, Ángel Aguirre. El Testigo señaló que guardó silencio durante años debido a las amenzas de las cuales era victima
Segundo testigo
En mayo de 2026, un segundo testigo coincidió con lo que dijo el testigo número uno, pues dijo que Ángel Aguirre reunió a funcionarios de primer nivel del gobierno de Guerrero y ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del palacio de Justicia de Iguala
Por lo anteriro, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que el ocultamiento de las grabaciones no fue una decisión aislada, sino que existió una operación organizada y participaron funcionarios estatales de alto nivel dirigidos presuntamente por el entonces gobernador
Caso Ayotzinapa
Durante la madrugada del 27 de septiembre, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa viajaron a Iguala para tomar autobuses que utilizarían para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México; sin embargo, policias municipales interceptaron diversos autobuses, algunos estudiantes fueron asesinados, otros resultaros heridos y almenos 46 fueron desaparecidos. Este hecho ha sido concebido como de los casos con más impunidad en México.

¿De qué delitos lo acusan?
Con base en esos nuevos elementos, un juez federal libró una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre.
La FGR informó que enfrenta cargos por:
- Delitos contra la administración de justicia, por presuntamente ocultar evidencia que era fundamental para esclarecer el caso.
- Desaparición forzada de personas, al considerar que el presunto ocultamiento de pruebas habría contribuido a impedir el esclarecimiento del destino de los estudiantes.
La orden fue cumplimentada en el Estado de México y representa el inicio de un proceso penal.
¿Qué sigue en el caso?
La FGR aseguró que continuará con el reanálisis del expediente Ayotzinapa y que mantendrá informadas a las familias de los estudiantes conforme lo permita el debido proceso.
La institución sostiene que el objetivo sigue siendo el mismo desde que reabrió la investigación:
- conocer el paradero de los 43 estudiantes;
- reconstruir completamente los hechos;
- identificar a todos los responsables materiales e intelectuales;
- sancionar también a quienes presuntamente obstaculizaron la búsqueda de la verdad.
Para la Fiscalía, la investigación ya no sólo busca establecer quién desapareció a los estudiantes, sino también quiénes habrían contribuido, mediante el ocultamiento de evidencia, a mantener el caso sin resolver durante más de una década.


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