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Aprueba Quintana Roo “Ley Antimarchas”

Los 18 diputados de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal) en el Congreso de Quintana Roo se impusieron y, por primera vez en México, dieron paso a la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, llamada popularmente “Ley Antimarchas”.

Quintana Roo se convirtió así en el primer estado de la República Méxicana que oficialmente concreta una ley en contra de las protestas sociales en espacios públicos, y para las que los participantes en marchas y mitines tendrán que pedir permiso a las autoridades para ejercer un derecho que está consagrado en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Mexicana.

También faculta a las autoridades para que, por cualquier tipo de queja o protesta, puedan disolver las concentraciones.

Sin embargo, los legisladores que ayer votaron a favor y cuya mayoría son priistas insistieron que con ella se garantiza sin excepción el ejercicio del derecho de las personas a manifestar o expresar sus ideas y el de los demás ciudadanos al libre tránsito.

Sólo se registraron tres votos en contra de esta ley: los de la Diputada panista Perla Tun, así como Jorge Carlos Aguilar Osorio, el único legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Hernán Villatoro Barrios, del Partido del Trabajo (PT).

Quienes no votaron, por estar ausentes de la sesión del Congreso, fueron los diputados Luis Roldán, del Movimiento Ciudadano, Trinidad García, del PAN, así como los priistas Martín de la Cruz Gómez  y Arlet Molgora Glover.

En la 25 sesión ordinaria del Congreso del estado, el Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, presidente de la Comisión Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, sostuvo que se trata de una ley que fue construida con las observaciones realizadas por el Ejecutivo estatal a la ley anterior, además de que “se escucharon” recomendaciones del Alto Comisionado de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y de organizaciones como Artículo 19 y Amnistía Internacional (AI). “Los cambios que realizamos son el resultado de una suma de voces, para concluir una ley con se ajusta estrictamente a todos los criterios internacionales y constitucionales”, dijo.

El Diputado Sergio Bolio Rosado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, quien también aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico, afirmó que ésta no invade esferas ni contrapone ninguna forma, pues guarda proporcionalidad entre el derecho de los manifestantes y el de terceros. “Se regula el respeto a los participantes de las manifestaciones y también a los terceros que pueden ser afectados por la exaltación de los manifestantes”, comentó.

UN OPOSITOR ÚNICO

Durante la discusión, el Diputado Hernán Villatoro Barrios subió a tribuna para manifestarse en contra del dictamen y de la ley, pues considera que no debe existir regulación del derecho de la manifestación y la libre expresión, por mínima que ésta sea.

El legislador afirmó que la ley contraviene los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Política y la llamó “una aberración jurídica” que pretende atacar la libertad de expresión, además de estar dirigida a futuras manifestaciones de maestros y taxistas.

La ley, que es considerada como “light”, luego de las observaciones realizadas por el Gobernador Roberto Borge Angulo, como respuesta a las críticas y presiones, será publicada en el periódico oficial para su inmediata entrada en vigor.

La nueva iniciativa fue presentada por los diputados Pedro José Flota Alcocer, Sergio Bolio Rosado, Remberto Estrada Barba, Emilio Jiménez Ancona y Luis Fernando Roldan Carrillo, coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, así como por José Luis Carrillo Soberanis, en su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.

En su exposición de motivos, la nueva ley ofrece “brindar medidas de prevención y protección” a los manifestantes y asegura que se busca evitar la “criminalización” de las protestas, aunque la “administración pública garantizará el orden, la paz y la tranquilidad pública y protegerá a las personas que realicen manifestaciones, marchas y plantones en espacios públicos”.

Además se advierte que la administración pública “tomara las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público o se produjeran actos de violencia”.

(Con información de SINEMBARGO.MX)