Más de dos meses después de que el Ejecutivo remitió a la Legislatura local la propuesta de paquete fiscal para este año, las comisiones avalaron la Ley de Ingresos del Estado de México, que incluye recursos por más de 303 mil millones de pesos y la contratación de deuda por 8 mil 637 millones de pesos. Al disminuir los pasivos, bajaron también los ingresos de 307 mil a 303 mil millones de pesos para la entidad.
Las y los diputados disminuyeron el monto de los financiamientos que pidió el gobierno en casi 5 mil millones de pesos, que se podrán contratar a plazos de 25 años. La Secretaría de Finanzas había planteado 13 mil 500 millones de pesos, y al final le aprobaron 8 mil 637 millones.
Del total de la deuda que se podrá contratar, 2 mil 637 millones de pesos se destinarán a obra para infraestructura vial y transporte masivo acordados con la Federación.
Las y los legisladores establecieron que al menos el 40% de 4 mil millones, es decir, mil 600 millones de pesos se contraten en el primer semestre de este año, y de ser así, el Ejecutivo tendría derecho a contratar otros dos mil millones de pesos a partir del segundo semestre de este año. Ese dinero deberá ir a inversión pública productiva.
Además, la Ley de Ingresos estatal deja abierta la posibilidad de que las autoridades puedan recontratar o refinanciar sus pasivos, si existen las condiciones, siempre y cuando se de a conocer al Congreso local los beneficios que se obtendrían y no se aumente el techo de endeudamiento.
Las y los diputados locales destacaron que la contratación de financiamientos permitirá detonar la actividad económica, generar empleos y destinar recursos a diferentes rubros como infraestructura vial, obra pública, salud, transporte masivo, saneamiento de drenaje, proyectos de electrificación, así como hacer frente a la pandemia.
Tanto Elizabeth Millán, como Max Correa de Morena destacaron que la Legislatura local y el Órgano Superior de Fiscalización estarán pendientes del ejercicio de los recursos y no permitirán ningún desvío. También destacaron que autorizaron los financiamientos porque permitirán realizar obras, entre ellas para garantizar el derecho a la movilidad de la población
Max Correa destacó que habrá incentivos para aquellas empresas que contraten a personas que por primera vez ingresen al mercado laboral que sean de comunidades indígenas hayan perdido su empleo a causa de la pandemia o sean beneficiadas por la ley de amnistía.
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