Toluca, Méx.- Los diputados que integran la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron reformas al Artículo Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
La iniciativa, promovida por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Anuar Roberto Azar Figueroa, busca garantizar la libertad de prensa de los periodistas del Estado de México.
En la lectura de la misma, se expuso el objetivo es proteger la libertad de expresión de las personas que se dedican al ejercicio periodístico, para brindar el derecho de informar y que la sociedad se mantenga al tanto de lo que ocurre en su entidad.
Garantiza además que, al momento de estar recabando las noticias, los periodistas no sean despojados de sus elementos de trabajo como cámaras fotográficas, de vídeo y grabadoras, garantizando el derecho que tienen de informar.
Durante la sesión, el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, del Partido Acción Nacional, mencionó que los periodistas tienen el derecho de ejercer su trabajo en cualquier espacio de la entidad, además de que no deben de privarlos de su libertad periodística, ya que la ciudadanía merece mantenerse al tanto de lo que acontece a su alrededor a través de información transparente, veraz y oportuna.
Dijo que la labor periodística debe de estar protegida mediante un instrumento jurídico en el cual se puedan ampararse en el momento que así lo requieran.
Al respecto, el diputado Diego Eric Moreno Valle, del PRI, dijo que a partir de 2013 se encuentran vigentes instrumentos constitucionales que garantizan el acceso a la información y a la libertad de prensa; reformas que tuvieron impacto en los artículos seis y siete de la Constitución federal que era necesario incorporar en la estatal y que este dictamen complementa y da garantía plena a quienes ejercen el periodismo en el Estado de México y cumple con la observación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de protección de la libertad de prensa.
En tanto, la diputada Juana Bonilla Jaime, vocera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expresó que consideran acertada la iniciativa presentada, pues va encaminada a la protección del ejercicio periodístico y de quienes se dedican a esta labor en medios nacionales, estatales, regionales o comunitarios, que tienen un papel relevante en la sociedad.
El artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, quedaría así:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
“Toda persona en el Estado de México, tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o mecanismos indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el párrafo décimo quinto de este mismo artículo, de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
“El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.
Los poderes públicos y los órganos autónomos transparentarán sus acciones, garantizarán el acceso a la información pública y protegerán los datos personales en los términos que señale la ley reglamentaria”.
Protección para mujeres
En otra sesión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia se avaló la propuesta de crear un mecanismo interinstitucional de seguimiento de las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra mujeres.
La iniciativa fue remitida por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, y se prevé que este viernes se apruebe durante la sesión del pleno del Congreso mexiquense.
Las adecuaciones al Capítulo I de las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, establecen un mecanismo para verificar que las dependencias y los organismos de los tres poderes del estado, organismos autónomos e instancias municipales que los conforman, realicen acciones de seguridad, prevención y justicia, de acuerdo con el ámbito de su competencia.
Las legisladoras y legisladores de las referidas comisiones, también avalaron la emisión de tres exhortos formulados por las diputadas del PRD, Juana Bonilla Jaime, y del PAN, María Fernanda Rivera Sánchez y Areli Hernández Martínez, para que se den a conocer las acciones y resultados en materia de combate a la violencia contra la mujer, para solicitar al gobernador Eruviel Ávila Villegas un informe sobre los recursos ejercidos y las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México y que se amplíe la cobertura al resto de los municipios mexiquenses, a propuesta de la legisladora Juana Bonilla Jaime.
También se aprobaron los exhortos propuestos por las diputadas María Fernanda Rivera, que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que informen sobre el monitoreo de las medidas dictadas para la Alerta de Violencia de Género, y de Areli Hernández, para solicitar al Ejecutivo estatal informe las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.


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